Sobre la situación de los pueblos en aislamiento voluntario

y la demanda presentada por la CONAIE

En la Amazonía del Ecuador se tienen noticias de la existencia de pueblos libres o en situación de aislamiento desde los años 70’s. Se trata de los Tagaeri y los Taromenane que habitan al sur y al oriente del Parque Nacional Yasuní; además, también existen investigaciones que determinan la existencia de otros pueblos en aislamiento como los Huiñitairi, los Zaparoana y otros pequeños grupos localizados en el bajo Nashiño y el bajo Curaray, en la zona de frontera Ecuador – Perú.

La situación de los pueblos libres es sumamente crítica, ya que enfrentan presiones que, en varias ocasiones, han generado hechos violentos, los cuales se deben principalmente a la presencia de empresas petroleras, madereras y de colonos, lo cual obliga a estos pueblos a replegarse hacia la selva, invadiendo territorios ajenos, con lo que se da paso a la generación de guerras y conflictos. Estas presiones deterioran las condiciones materiales para su supervivencia.

La violencia en contra de los pueblos aislados no es reciente, durante los años 80 el Estado promovió la implementación del proyecto de acercamiento a los grupos Waorani de los Bloques 14 y 17, impulsado por CEPE con el financiamiento de Braspetro, Petrocanadá y Conoco. Este proyecto incluía acciones de patrullaje de grupos armados en el espacio territorial de los Tagaeri con el objeto de localizar su ubicación y facilitar las labores de exploración petrolera; el desenlace de estas peligrosas medidas estatales fue la muerte de Alejandro Labaka e Inés Arango en 1987, ello determinó        que grupos de “expertos” de CEPE definieran arbitrariamente “zonas de seguridad” en las que se restringía la intervención, aunque más tarde esto no se cumplió, provocando encuentros violentos en el área. De igual forma, continuaron las concesiones petroleras en territorio Tagaeri, así se entregó el bloque 16 a Maxus, actualmente en manos de Repsol-YPF; el bloque 31 a la empresa Pérez Compac que pasó luego a Petrobras y actualmente está a cargo de Petroamazonas; el campo marginal Tigüino actualmente manejado por Petrobell y el campo marginal Armadillo.

La respuesta del Estado a este problema fue tardía. Solo después de doce años de la muerte de monseñor Alejandro Labaka, el Ecuador estableció un área territorial específica para estos pueblos, la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane –ZITT-, mediante Decreto Ejecutivo 552 del 29 de enero de 1999.

Pese a ello, en los últimos años se presentaron una serie de hechos violentos en torno a los pueblos en aislamiento voluntario, en el año 2003 se  produjo el asesinato de aproximadamente 20 personas de un clan taromenane, principalmente mujeres y niños. Luego de ello se suscitaron muertes de trabajadores madereros en 2005, 2006 y 2008.

En abril de 2006, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) presentó su informe de Derechos Humanos centrándose en el tema del genocidio cultural y étnico de la nacionalidad Huao Tiriro. La CONAIE señaló en ese entonces que un elemento crucial para la sobrevivencia de los pueblos en aislamiento voluntario, entre ellos los Tagaeri y Taromenane, constituía el visibilizar las políticas que el Estado ha impulsado en la región en la que estos pueblos habitan.

El 10 de mayo de 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares encaminadas a proteger la vida e integridad de estos pueblos; en respuesta el Estado delimitó la Zona Intangible el 3 de enero de 2007, por medio del Decreto Ejecutivo 2187, esto a pesar de la oposición de algunas empresas petroleras a los límites propuestos. Además, el 18 de abril de 2007, el Gobierno promulgó la Política Nacional para los pueblos aislados.

La Constitución de 2008 logró un avance en el sentido de la protección a los pueblos y nacionalidades indígenas, ya que en el artículo 57 se estableció que “Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley”. Además, el 9 de marzo de 2009, la Asamblea Nacional tipificó los delitos de Genocidio y Etnocidio.

Pese a que este Gobierno ha intentado implementar políticas públicas a favor de los pueblos aislados, y que la Constitución de la República determina derechos a favor de estos grupos, se han presentado serios atentados en contra de sus vidas, así como la de trabajadores de la madera y campesinos. La situación en el territorio de los pueblos aislados permanece casi inalterable, agravada por otras decisiones y políticas gubernamentales, como es el caso de la concesión del Campo Armadillo en el territorio del clan que está en mayor situación de riesgo y desprotección. De hecho, esta decisión contradice otros pronunciamientos del Gobierno, que había señalado el riesgo en que se encuentran estos pueblos en ese sector y la inconveniencia de llevar adelante este proyecto petrolero. Por ello, el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) apoya la demanda presentada por la CONAIE por genocidio y etnocidio.

CDES considera que la demanda presentada por la mayor organización indígena del Ecuador no puede ser afectada por la coyuntura política por la que atraviesa el país, en la medida en que este es un tema de alta importancia en el ámbito de los derechos humanos, principalmente por la grave situación que enfrentan actualmente los pueblos en aislamiento voluntario o pueblos libres.

El Estado debe dar muestras reales y efectivas de su interés por proteger los derechos de los pueblos libres o en aislamiento. Se debe tener en cuenta que uno de los argumentos para sustentar la iniciativa Yasuní – ITT en el contexto internacional es la protección de estos grupos, sin embargo en otras áreas de su territorio (como Armadillo, en donde se ubican los pueblos aislados en situación más crítica) se han tomado decisiones que afectan significativamente su situación.

Finalmente, el CDES considera que, dado que desde hace 50 años todos los gobiernos han impulsado proyectos de extracción (que han afectado a los pueblos libres o en aislamiento voluntario) en nombre del desarrollo nacional, resulta inadmisible que actualmente se pretenda justificar el riesgo de exterminio de estos pueblos bajo estos mismos argumentos.

 

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