Carta al Ministro de Gobierno de las Iglesias del Ecuador (Junio 2009)

Quito, 23 de junio de 2009

 

 

 

Señor Doctor

 

Gustavo Jalkh Röben

 

Ministro de Gobierno, Policía y Cultos

 

Presente

 

 

 
 

Señor Ministro:

 

Los abajo firmantes Mons. Antonio Arregui Yarza, Presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Pastor Estuardo López, Presidente de la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana, Pastor Felipe Adolf Presidente de la Fraternidad Ecuménica de Quito, Pastor Galo Grandes, Presidente del Cuerpo de Pastores de Quito.

 

Nos dirigimos a Usted señor Ministro con el fin de ratificar la postura de gran parte del mundo religioso del Ecuador con respecto a la pretensión de aplicar a las entidades religiosas la Reglamentación para la aprobación de estatutos, reformas y codificaciones, liquidación y disolución, registros de socios y directivas, de las organizaciones previstas en el Código Civil y en las leyes especiales, establecidas en el Decreto Ejecutivo 3054[1], y sus sucesivas reformas.

 

Nuestra postura es coincidente frente a la legislación cuyo cumplimiento se nos exige: desnaturalizaría el carácter de instituciones religiosas, sujetas a una serie de leyes y tratados internacionales, amparados por la actual Constitución Política de la República del Ecuador, y que, como tales instituciones religiosas, son diferentes de las asociaciones nacidas para otras actividades propias de la sociedad civil.

 

Dentro de las normas positivas que rigen a las entidades religiosas, además de la Constitución y los tratados internacionales, ocupan un lugar importante la Ley de Cultos[2] y el Modus Vivendi[3] entre el Ecuador y la Santa Sede. Ambos documentos se elaboraron a la par, se entrelazan mutuamente, y están vigentes desde julio de 1937. La Ley de Cultos, en su brevedad, crea un espacio jurídico ad hoc dentro del ordenamiento ecuatoriano para las organizaciones religiosas de cualquier culto. Su dilatada vigencia ha dado el fruto de la paz religiosa en el país, en un marco de libertad y ausencia de discriminaciones.

 

La Constitución Política de la República del Ecuador, garantiza el derecho de todo ciudadano a opinar y expresar el propio pensamiento, libremente y en todas sus formas y manifestaciones[4]; y el derecho a practicar la propia religión y creencias, en público o en privado, de forma individual o colectiva[5]. El Estado se compromete, a brindar protección, tanto de la práctica religiosa voluntaria, como de la expresión de quienes no profesan religión alguna, favoreciendo un ambiente de pluralidad y tolerancia[6]. Es también nueva la tipificación del derecho a guardar reserva sobre las propias convicciones y sus consecuencias: nadie podrá ser obligado a declarar sobre las mismas; en ningún caso se podrá exigir o utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos representantes, la información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas[7].

 

Acompañamos a la presente una síntesis del tratamiento jurídico, en base a la legislación vigente que las entidades religiosas cristianas y demás religiones deberían tener. Asimismo solicitamos al señor Ministro nos indique quiénes podrían ser los interlocutores acreditados por parte del Ministerio para tratar tan delicado tema que afecta a la libertad en todos sus términos y más específicamente a la libertad de profesar una religión que caracteriza a los estados modernos.

 

Lo saludamos con la mayor deferencia, con la disposición de colaborar para encontrar una mayor fraternidad entre los ecuatorianos.

 

 

 

+ Antonio Arregui Yarza

 

Arzobispo de Guayaquil

 

Presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana

 

 

 

Pastor Estuardo López

 

Presidente de la Confraternidad Evangélica del Ecuador

 

 

 

Pastor Felipe Adolf

 

Presidente de la Fraternidad Ecuménica de Quito

 

 

 

Pastor Galo Grandes

 

Presidente del Cuerpo de Pastores de Quito

 

 


 

[1] Publicado en el R. O. No. 660, del 11-IX-2002. En adelante, Decreto 3054.

[2] Se trata del Decreto Supremo 212, promulgado durante la dictadura de Federico Páez y publicado en el R. O. No. 547, del 23-VII-1937. Llevan el nombre de Decretos Supremos las leyes promulgadas en perídos de facto. El nombre de Ley de Cultos se lo ha dado la doctrina a lo largo de varias décadas.

[3] R. O. No. 30, del 14-IX-1937.

[4] Artículo 66, numeral sexto de la Constitución Política de la República del Ecuador.

[5] Cfr. Artículo 66, numeral octavo de la Constitución Política de la República del Ecuador.

[6] Ibid.

[7] Artículo 66, numeral décimo primero de la Constitución Política de la República del Ecuador