Prueba

SITUACION POLITICA

El gobierno nacional ha debido confrontar el intento de desconocer los resultados electorales aduciendo fraude, especialmente desde Lucio Gutiérrez que lo ha esgrimido como arma para tratar de deslegitimar la reelección de Correa; para ello igualmente ha contado con el apoyo del PSC (partido social cristiano) y del Alcalde Nebot. De Lucio Gutiérrez es cada vez mayoritaria la opinión de que su calidad moral, humana y su poca perspicacia política le impedirían ser cabeza de la oposición como así el mismo se ha llamado; además que alrededor del 10 ó 12% de los votos de Gutiérrez son prestados y eso no le da la fortaleza que supuestamente cree que tiene. Pero ello no le ha impedido amenazar con movilizaciones en la exigencia de que se repitan las elecciones.

En ese contexto, el Primer Mandatario  acusó a la oposición de intentar desestabilizar su Gobierno como sucedió en Venezuela y en Bolivia, y llamó al pueblo a salir a las calles para defender la democracia. “Yo también llamo, de forma pacífica, a los tres millones y medio de votos que tenemos, a ir a las calles a defender la democracia”,  dijo.

Pero luego de haber prácticamente concluido el conteo de la votación del 26 de abril, la expectativas del partido de gobierno PAIS, de hacerse con una mayoría absoluta de la Asamblea, no se han cumplido, pues hasta el momento se han confirmado 55 asambleístas y las posibilidades son de llegar a 58, pero contadas las alianzas posibles en la futura Asamblea Legislativa, una mayoría de izquierda está asegurada.

A su vez los resultados finales evidencian que Álvaro Noboa (Prian) aparece como el actor más golpeado pues con relación a las elecciones de 2006, sus votos se redujeron en más de 15 puntos; su partido también sufrió un descalabro  parlamentario, tendrá 7 asambleístas: 21 menos en comparación al Congreso de 2007, cuando fue la primera fuerza.

Martha Roldós y su movimiento, la RED,  también fracasaron en las urnas; la candidata llegó al 4,34% de los sufragios que, en la práctica, significa un retroceso en más de 10 puntos con relación a la candidatura  de 2006 de su tío, León Roldós,  quien reunió el  14,9% del respaldo ciudadano. La debacle de la RED también se repite en la Asamblea; allí, la lista 29 pierde toda su representación que hace casi tres años llegó a 11 escaños en alianza con la Izquierda Democrática (ID); asimismo, quedaron borrados los tres espacios que alcanzó en la Constituyente en  Montecristi.

En cuanto a partidos, la Unión Demócrata Cristiana (UDC) tuvo  una de las votaciones más pobres de su historia. A pesar de que sus principales candidatos al Parlamento -Diego Ordóñez y Patricio Donoso- han buscado erigirse en la opinión pública como los contradictores del gobierno de Correa, su respaldo fue mínimo. Su balance es negativo: no tiene ninguna representación legislativa. La ID es otro partido al que  nunca le ha ido tan mal como en estas elecciones. Durante 30 años  fue la fuerza política de la Sierra y, en estos comicios, apenas pondrá dos diputados propios (Pichincha y Carchi).

En su defecto el Movimiento País captó 72 de las 221 alcaldías y 18 Prefecturas, logrando penetrar en entidades seccionales de provincias que eran verdaderos bastiones de otros partidos.

Ante la votación alcanzada por Gutiérrez en las provincias más pobres de la Sierra y la Amazonía,  el Gobierno ha considerado que es “urgente” llegar con políticas sociales para este sector y también proporcionar mayor información. En ese contexto, el ministro de Coordinación de la Política Económica, Diego Borja, anunció que se ampliará la capacidad de inversión en las áreas sociales, con políticas a largo plazo. Para ello, se realizarán cambios estructurales a la institucionalidad del sistema de seguridad social  y pensional, al sistema educativo…pero el objetivo del Gobierno no es solo recuperar ese electorado, sino lograr que esa población no se la capte para el proyecto conspirativo-golpista, de Lucio Gutiérrez, y la oposición de derecha, que va a tener como caldo de cultivo la crisis  económica mundial.

Otro de los aspectos señeros de la propuesta de profundización de la política social del Gobierno y de la llamada revolución ciudadana, es la ratificación del compromiso de radicalizar su trabajo hacia el pueblo indígena, en efecto en La Chimba (Cayambe), el Presidente de la República, Rafael Correa, durante la misa campal realizada en homenaje a la fallecida líder indígena Tránsito Amaguaña, se comprometió a radicalizar la lucha del Gobierno para acabar con el estado de injusticia, desigualdad e inequidad de los pueblos ancestrales del país.

Ante el féretro de la líder indígena y de cientos de indígenas que se reunieron en una explanada de la comunidad de la Chimba, ubicada en Cayambe, el Jefe de Estado indicó: “perdonen porque no he podido hacer lo suficiente en estos 27 meses y por no realizar todo lo que uno quisiera hacer”. Finalmente, explicó que el mejor homenaje que se le puede dar “a mamá Tránsito de este compañero Presidente y del Gobierno Nacional es ratificar el compromiso para esa justicia, igualdad y equidad sobre todo con nuestros hermanos y pueblos indígenas”.

Neptalí Ulcuango líder histórico indígena pidió que "su corazón, su anhelo, su gran deseo se siembre en el corazón de todos los indios y las indias del pueblo ecuatoriano". "Ahora, más que nunca, necesitamos y esperamos justicia", afirmó dirigiéndose a Correa. Correa respondió "Delante de ella me comprometo en nombre del Gobierno Nacional y de la Revolución Ciudadana a radicalizarnos y a luchar más fuerte, compañeros, para acabar con este estado de injusticia y desigualdad, donde una de las mayores víctimas han sido nuestros pueblos ancestrales". Y recordó que, junto con otras personalidades, Amaguaña inició "la lucha contra la oligarquía agraria y por la recuperación de las tierras, por la educación intercultural bilingüe, por recuperar la dignidad y rebeldía del movimiento indígena" por lo que fue varias veces encarcelada "acusada de guerrillera".

De otra parte, la reflexión de PAIS sobre los resultados electorales se ha traspasado hacia las definiciones sobre su estructura orgánica y política, en ello se ha reconocido la falta de capacitación y formación política, la necesidad de la presencia del movimiento en los barrios y parroquias "más allá de la bandera y del afiche", la conformación de equipos de trabajo en diferentes áreas; la construcción de liderazgos y la formación de cuadros administrativos se han planteado como retos que tiene que enfrentar. En lo político, el gobierno buscará, en el futuro, la inclusión de las organizaciones y movimientos sociales para que la toma de decisiones sea “permanente” y no como ha sido hasta ahora “momentánea” o “coyuntural”.

Por su parte Alberto Acosta anota que “por un lado, los candidatos de Alianza País no tuvieron la fuerza y el carisma necesarios, pero también hay problemas derivados del personalismo de Correa, su escasa capacidad para trasladar votos al resto. El reto de Correa es construir poder más horizontalmente. Él se siente el portador de la voluntad política colectiva, no entiende que esa voluntad colectiva tiene que ser ejecutada con participación democrática, ése es uno de sus puntos débiles. No ha logrado sintetizar un movimiento político sólido”… Pero así mismo anota: “Yo creo que el gobierno de Correa no es populista sino popular. Lo que pasa es que está dentro de un patrón de acumulación económica y dominación política propio de una economía extractista sustentada principalmente en el aprovechamiento de recursos naturales como el petróleo o la minería”[1].

También al interior del propio gobierno, el presidente Rafael Correa piensa hacer algunos cambios en su Gabinete ministerial antes de iniciar su nuevo mandato. En cuanto a sus políticas, el régimen reconoce que, si bien el Plan Nacional de Desarrollo presentado para el periodo 2007–2011 recoge el espíritu de los cinco ejes de la “revolución ciudadana” que pregona PAIS desde la campaña del 2006, aún no incorpora aspectos que son parte del actual régimen jurídico del país, como por ejemplo los derechos de la naturaleza en el campo ambiental.

Así mismo en el ámbito económico, Patiño cree indispensable que para los próximos cuatro años se ponga especial énfasis en el desarrollo del modelo de economía social y solidaria a través de la producción agrícola, buscando que las tierras improductivas que ahora están en manos del Estado pasen a manos de los campesinos y a su vez estos tengan acceso al crédito, la comercialización y la tecnología. El ex ministro de Economía agrega que el plan de vialidad, la potencialización del Plan de Vivienda y el énfasis en el turismo en el nuevo periodo son otros elementos que ayudarán a generar más empleos y a mejorar la capacidad productiva.

Por su parte la Secretaria de Pueblos y Promoción Popular, Manuela Gallegos reconoce que “hay muchas cosas por hacer todavía” y recalca que hasta el momento no hay una política agraria en la Sierra y la Amazonía. “Creo que la visión de agricultura es todavía la agroindustria costera y se deben hacer cambios radicales al respecto”. Para incluir al sector campesino en la visión del desarrollo que tiene el actual régimen, la Secretaría de los Pueblos prepara lo que ha denominado un “Plan de Vida de la Sierra”. Días atrás Gallegos ya convocó a las organizaciones indígenas para recoger sus iniciativas y necesidades sobre el tema.

En el ámbito social, Nathaly Celi, ministra coordinadora de Desarrollo Social, dijo  que entre los proyectos que tiene previsto ejecutar el Gobierno luego de las elecciones están el desarrollo de sistemas de control y monitoreo del Sistema Nacional de Salud, la disminución acelerada de la malnutrición, la potenciación del aprendizaje y el uso de tecnologías, impulsando el acceso de los laboratorios a la comunidad, el fortalecimiento del Instituto del Niño y la Familia (INFA) y, la creación de un nuevo “socio” para pequeños restaurantes.

En la perspectiva de mejorar el manejo institucional del Estado, el Gobierno ha establecido prioridades en relación al Plan Nacional de Desarrollo, en ellas se destacan el fomento de reformas e incentivos especialmente en favor de siete industrias que transformen al Ecuador en un país terciario exportador. Se aspira que la sustitución de importaciones se cumpla en el primer período de gobierno en áreas como la petroquímica, bioquímica, servicios ambientales y turísticos. Se calcula que el renovado plan estará listo en julio, para el nuevo período presidencial.

Igualmente se ha planteado apostar muy fuertemente en estos cuatro años hacia un proceso de redistribución en beneficio del desarrollo, lo que significa la ejecución de proyectos que garanticen la soberanía alimentaria, la tierra, el agua, inversión en capacitación y tecnología, microindustria textil, etc. Ese impulso iría acompañado de una fuerte inversión en educación superior, ciencia y tecnología y un proceso de redistribución de los medios de producción como la tierra y el agua para garantizar la soberanía alimentaria.

El canciller Fander Falconí indicó que un lineamiento bastante claro en el Gobierno, es que se vaya hacia una diversificación productiva que genere empleo; pero también hacia una diversificación de mercados para complementar el desarrollo local “con una mirada inteligente al sistema global”. “Tampoco la postura del Ecuador es aislarse del sistema internacional, todo lo contrario, el país ha logrado consolidar un conjunto de mercados históricamente y esos mercados hay que preservarlos”, aclaró.

El ministro Patiño anunció que se seguirá en la misma línea y por ello se ampliará la atención a los pequeños productores, programas de compras públicas y mayor cantidad de créditos. Eso sí, aclara que no se ha planteado en ningún caso pasar los bienes o propiedades de los grandes empresarios al Estado, pero sí traducir la solidaridad a la economía a través de empresas asociativas, cooperativas y comunas; es decir, que desde el mismo momento de la producción los recursos se distribuyan más equitativamente.

De esta manera se iría configurando el denominado Socialismo del siglo XXI, esto es una política de nacionalización de empresas, aumento de subsidios, mayor poder del Estado, en este sentido, la Constitución aprobada el año pasado y el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 marcan la cancha para el desempeño de una “nueva economía”, solidaria, con una nueva redistribución de la riqueza (por ejemplo administración comunitaria de la tierra ociosa), soberanía alimentaria, intercambio justo, integración regional y valor del trabajo. Así como la vigencia del Instituto de Economía Popular y Solidaria.

Según el Plan Nacional de Desarrollo se proyectan las bases de un Ecuador pospetrolero: una economía moderna y con proyección de sostenibilidad en el tiempo no puede depender de la monoexportación de un producto cuya explotación tiene, además, “un alto impacto en la destrucción del patrimonio natural del país y en la degradación de sus ecosistemas”. Así mismo No debe estar asentado en la propiedad Estatal de los medios de producción como proponía el socialismo real, sino en un régimen mixto de propiedad donde coexiste la propiedad privada regulada, el patrimonio público, las comunidades y las cooperativas.

De su parte la cientista social Erika Sylva, cuestionó estas políticas como simples focalizaciones en el área social, que igual las recomienda el BM, y pidió que el gobierno inicie verdaderas transformaciones especialmente en el agro, donde es necesario afectar la gran propiedad e impedir que el país sea una de los más inequitativos de Latinoamérica:

“Apenas enterado de su victoria, Correa reiteró su “opción preferencial por los pobres”, comprometiéndose a “no defraudar jamás”, y expresando que hoy será “más radical que nunca”. La pregunta es qué significa esa “opción preferencial” en términos de radicalizar la reforma ascendente demandada por los movimientos sociales desde los años ‘90 y recogida por esa amplia alianza que sustentó el proceso constituyente. Porque, no nos engañemos: el discurso en torno a los “pobres”, es una mezcla de viejo asistencialismo religioso y pragmatismo neoliberal… Por ejemplo, ¿cuál es la respuesta de esta “opción preferencial” frente a los campesinos pobres o sin tierras “El Gobierno tendrá que agarrar al toro por los cuernos y plantear una nueva reforma agraria...” ¿Política de focalización social o reforma agraria? Ciertamente, hasta aquí se ha optado por lo primero, poniendo en un mismo saco a campesinos y sectores marginales urbanos. Pero, ¿se podrá radicalizar el proceso sin poner el dedo en la llaga y siguiendo las mismas fórmulas paliativas del Banco Mundial? Si el Gobierno quiere convertir a “los 14 millones de ecuatorianos en propietarios”; si su  compromiso es “con lo nuestro”, confiando “en nuestras propias fuerzas”, por lo cual promoverá, protegerá y desarrollará “nuestra producción y empleo”; si, en suma, tiene la voluntad política de materializar el nuevo modelo económico redistributivo y sostenible propuesto en la Nueva Constitución, tendrá que agarrar al toro por los cuernos y plantearse el expediente de una nueva reforma agraria. En un país que registra uno de los más altos índices de concentración de la tierra de América Latina, según las propias cifras del Banco Mundial (Coef. Gini: 0.82, 1994), no hay otra forma de erradicar la miseria, lograr la equidad y construir una democracia sustantiva, tres retos planteados por el propio Correa luego de su último triunfo. Desde luego, plantearse ese expediente -en torno al cual, cabe decir, hay un preocupante silencio social y político no solo del Gobierno sino también del movimiento popular-, sería optar por un cauce de radicalización y profundización del proceso constituyente. Es una de las puertas que el Gobierno deberá abrir o mantener cerrada en esta nueva etapa, sin olvidar que los seis triunfos electorales en seguidilla han enviado el mensaje de no retroceder y continuar con la marcha de cambios ascendentes. Obviamente, Correa no podrá hacerlo si persiste la mediación del gamonalismo reencauchado en su gobierno. La interrogante, entonces, es si estará dispuesto a construir una nueva alianza social y política que le permita abrir las grandes puertas que han permanecido cerradas desde siempre para la mayoría de la sociedad ecuatoriana[2].

Francisco Hidalgo Flor, sociólogo agrario dice que:

“Las políticas públicas frente a la problemática del agro han dado respuestas a temas del corto plazo y la coyuntura, por ejemplo, frente al incremento de precios en los alimentos. La ocasión se aprovechó para privilegiar una relación con las importadoras de agroquímicos y las grandes cadenas de supermercados. Mas lo de fondo es la postergación a problemas estructurales, como la inequitativa tenencia de la tierra y el acceso al agua. Los tímidos anuncios a favor de una política de redistribución de la tierra, que castigue las tendencias hacia la acumulación y la concentración, no se han plasmado en la realidad. Al contrario, una vía empresarial como la opción para el desarrollo rural en territorios campesinos e indígenas, ahondará el divorcio entre las esperanzas y demandas de los que tienen poca o ninguna tierra, poca o ninguna agua, que sufren de malnutrición, que poseen otra cosmovisión, y ellos son la mayoría”.

Otra es la realidad del sector moderno de la agricultura: La entrega de crédito para los agricultores y ganaderos, venta de  urea subsidiada y el pago del bono para la compra de insumos no se han detenido en este trimestre. En cuanto al crédito, según el Banco Nacional de Fomento, hasta febrero se otorgaron USD 39 millones frente a los USD 26,4 millones del año pasado. El incremento es del 48,3%. Los cultivos de maíz y arroz, la compra de ganado bovino y la avicultura  son los sectores que más requirieron crédito en estos meses. Los préstamos al sector agropecuario son superiores a los otros segmentos como pequeña industria y artesanía, comercio y servicio, y consumo. En el bono para adquirir insumos agropecuarios, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca informó que hasta el 21 de abril se pagaron USD 754.869 a los campesinos que se inscribieron en los tres primeros meses. José David Torres, de la Subsecretaría de Ganadería, indicó que ese dinero se reintegró a 10.443 beneficiarios. En 2008, se entregaron USD2 millones a 39.886 agricultores. Una red de almacenamiento privado y público se quiere desarrollar, a través del proyecto Bodegas de Campo. El Estado anunció la compra de 800.000 quintales de arroz, para lo cual se destinaron USD 30 millones.  La compra se hace a través de la Bolsa de Valores,  pero Poveda señaló  que el proceso recién se  implementa.