Comisión Justicia y Paz apoya la aprobación de ley de comunicación democrática

 

La Comisión Ecuatoriana Justicia y Paz analizó el debate que se registra en el país en torno al proyecto de ley de comunicación, y decidió respaldar el pronunciamiento realizado por varias redes de comunicación y organizaciones sociales que demandan la aprobación de una ley democrática, que desarrolle los derechos que reconoce la constitución.

 

Tras una reflexión sobre la coyuntura que rodea el debate del proyecto de normativa legal de la comunicación, los miembros de la Comisión Justicia y Paz destacaron la preocupación de la Iglesia Católica Latinoamericana y mundial a favor de la democratización y de promover el acceso de medios de comunicación a los sectores más excluidos de la sociedad, por lo cual consideraron necesario que se apruebe una ley que favorezca una participación efectiva de las y los ciudadanos en los procesos de comunicación, de forma democrática y plural.

 

El presidente de la Comisión Ecuatoriana de Justicia y Paz, Enrique Galarza, consideró que la ley de comunicación es "totalmente necesaria" porque los "medios de comunicación necesitan ser regulados a la luz de lo que establece la constitución para que éstos realmente cumplan la doble función que tienen: ser medios de comunicación y estar al servicio de la sociedad, con un sentido público y social".

 

Según agregó, "la ley de comunicación no debería reflejar la lucha del poder, sea del poder económico o del poder político, sino que debería estar por encima de cualquier interés de poder, y tener en claro su finalidad de ser un medio al servicio de la sociedad, con valores éticos como la verdad, la justicia, la libertad y la solidaridad".

 

"La Comisión Justicia y Paz se suma a la carta pública suscrita por varias organizaciones, y de nuestra parte lo que podemos ofrecer es una reflexión en torno a la finalidad que deben cumplir los medios en la búsqueda del bien común", agregó Enrique Galarza.

 

Con la adhesión de la Comisión Justicia y Paz suman ya 27 las organizaciones sociales y redes de comunicación que demandan la aprobación de una ley de comunicación democrática.