“CONVOCADOS A CAMINAR JUNTOS”

CARTA PASTORAL DE LOS OBISPOS DEL ECUADOR

ANTE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES GENERALES

 

 

1. INTRODUCCIÓN

Para el próximo domingo 19 de febrero del 2017, el Ecuador ha sido convocado a las urnas con la finalidad de elegir a sus principales dignidades, especialmente al Presidente Constitucional de la República y a los miembros de la Asamblea Nacional. La Iglesia es consciente de la importancia de unas elecciones que marcarán el futuro cercano de nuestro país.

La organización de la sociedad y del Estado corresponde, sin duda, al ámbito político. La Iglesia no debe apoyar intereses partidistas pero, fiel a su misión, no puede ni debe quedarse al margen de los procesos y dinamismos sociales, especialmente éticos, que garantizan una convivencia justa y en paz (Evangelii Gaudium, 183). Por eso, en nombre de Cristo, promueve la calidad de las relaciones y de las estructuras sociales, afirmando con claridad que sólo el amor y el respeto a la vida y a la dignidad de las personas pueden transformar las relaciones humanas (Compendio Doctrina Social de la Iglesia, DSI, 4). Como católicos, somos parte de una sociedad civil y política. Como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de participar de forma corresponsable en la vida pública de nuestro país.

Las próximas elecciones son un acto cívico de especial importancia. El centro de gravedad de toda democracia reside en la representación y en el mandato popular. De aquí la responsabilidad que todos tenemos de elegir bien, es decir, de forma responsable y ética. Hoy nuestro mundo está dominado por una cultura globalizada desde los intereses del poder y del mercado. Como personas y como cristianos estamos llamados a promover relaciones, estructuras y leyes que garanticen un futuro feliz para nuestro pueblo.

Es necesario estudiar los programas y las mejores respuestas a las necesidades reales del país, pero también los principios morales y los comportamientos democráticos y éticos de los candidatos, que eviten tendencias populistas y liderazgos personalistas. De hecho, en muchos países de nuestro ámbito latinoamericano, prima, sobre una auténtica participación ciudadana, el mesianismo de una clase dirigente que dicta lo que, según ella, conviene y hay que hacer.

Es fácil, especialmente en tiempo de elecciones, buscar chivos expiatorios de todos nuestros males, en quien descargar nuestra rabia e indignación… Más importante nos parece que cada uno trate de ver cuál es su tarea y responsabilidad a la hora de construir un Ecuador más justo, solidario y fraterno. Y, al mismo tiempo, se pregunte cuál debe de ser su candidato, a la luz de una conciencia recta y bien formada.

En este sentido, como Obispos del Ecuador, queremos ofrecer a la sociedad, con profundo respeto, frente a las realidades que nos apremian, algunas orientaciones que deberían de iluminar el proceder de los ciudadanos a la hora de madurar y decidir el voto.

 

2. REALIDADES APREMIANTES

2.1.- Superar la pobreza.

Todavía hay muchos hermanos nuestros que necesitan ayuda y promoción, desempleados que esperan un trabajo adecuado, pueblos y nacionalidades que aspiran a ser respetados en su identidad, empobrecidos que exigen mejor asistencia médica, educación de calidad o un techo donde cobijarse. La Iglesia promueve un ejercicio de la caridad que pasa por el desarrollo y por la construcción de una sociedad más justa y solidaria, por políticas y legislaciones sociales que favorezcan un auténtico desarrollo integral (DSI, 5).

2.2.- La dignidad de la persona humana.

Cada persona es única e irrepetible. Desde el punto de vista bíblico, la persona es sagrada por haber sido creada a imagen y semejanza de Dios (Génesis 1,26). Esto exige un profundo respeto a la dignidad personal.

Somos testigos, a nivel planetario, de las precarias situaciones en las que viven muchos de nuestros hermanos (migrantes, refugiados, víctimas de las guerras y del terrorismo, empobrecidos y maltratados,…). También entre nosotros se dan situaciones lacerantes de pobreza que condicionan la dignidad de la persona, especialmente en el mundo rural o en los barrios marginales de nuestras grandes ciudades. Reconociendo que en las últimas décadas han mejorado los índices de calidad de vida (educación, salud, vivienda), es también innegable que el desarrollismo reciente, vinculado al precio del petróleo, ha ido dejando en la cuneta a muchas personas y familias, generando situaciones de pobreza que afectan a gran parte de los ciudadanos. Por eso, el cuidado y la promoción de los empobrecidos, desde la perspectiva de la justicia social, deben de iluminar cualquier programa político ético e integrador.

Todos, pero los pobres con mayor razón, tienen derecho a vivir con dignidad, lo cual se traduce en el respeto y la promoción de claros derechos humanos: al trabajo (Constitución, n. 33), a la vivienda (Const. nn. 30 y 31), a la salud (Const. n. 32), a la Seguridad Social (Const. n. 34), a la educación (Const. nn. 26 y 27).

Entre ellos está el derecho a la libertad religiosa (Const. 66.8). La Iglesia no reivindica ningún privilegio. Se sabe sujeto de derechos y de deberes, pero no puede aceptar el planteamiento de aquellos que pretenden reducirla, en aras de un laicismo mal entendido, al ámbito de lo privado. Los cristianos somos conscientes del aporte específico de la fe. Frente a una cultura individualista que pone en la riqueza y en el poder toda su esperanza, nos consideramos capaces de colaborar con todos a fin de dar sentido a la vida del hombre y de los pueblos.

2.3.- El bien común.

En un mundo fuertemente individualista y fragmentado desde los intereses economicistas, la ética política nos llama a poner el bien común en el centro de nuestra vida moral. Se trata de promover la justicia social de tal forma que integre a todos, pero, de forma privilegiada, a los más desfavorecidos de nuestra sociedad.

El bien común también nos pide identificar nuestros problemas comunes, buscando entre todos las mejores respuestas. Necesitamos un pacto por el bien común, que garantice a los grupos humanos y a cada persona unas condiciones sociales y económicas de vida más plena. Lo cual implica también que los derechos de las minorías no afecten, sino que se fundamenten en el bien común.

Para que prevalezca el bien común las personas tienen que mantener relaciones de equidad y de justicia. La independencia de la justicia respecto del poder político se convierte así en una condición sin la cual el pueblo nunca podrá crecer en libertad y en dignidad. En este sentido, la separación de poderes es la garantía democrática de que, por encima de intereses de partidos o de grupos de poder, prevalecerá siempre la justicia y el bien de las personas.

2.4.- La subsidiaridad.

El hombre nace, crece y se forma en la familia. Entra a formar parte de diversas asociaciones y grupos sociales en los que va desarrollando sus inquietudes y capacidades, valores y creencias. Al tiempo que recibe, va creando una cierta visión del mundo y una cultura.

No podemos despreciar el ingente esfuerzo de trabajadores, empresarios, instituciones públicas y privadas. La creación de riqueza, de empleo y de oportunidades es el fruto del trabajo de millones de ecuatorianos que luchan cada día por salir adelante. El Estado tiene un valor subsidiario que, en el marco de una economía solidaria y del legítimo pluralismo asociativo y cultural, garantice la justa distribución de la riqueza y el desarrollo de una sociedad bien integrada. Pero no puede ni debe sustituir la iniciativa privada. El principio de subsidiaridad nos recuerda que las instituciones más grandes de la sociedad deben de respetar a las más pequeñas y estar atentas a suplir sus carencias en orden al bien común.

2.5.- El diálogo en los diversos ámbitos de la vida.

Los ecuatorianos compartimos una misma historia y, juntos, tenemos que seguir construyéndola. Esto sólo es posible desde una clara libertad de opinión y de expresión, desde la convergencia y unión de personas que son y piensan de forma diferente pero que, por medio del diálogo, saben buscar lo que conviene a la sociedad en su conjunto, siempre ceñidos a la verdad y a la justicia. En este sentido, la actitud dialogante e integradora de los políticos y su capacidad para lograr consensos éticos es fundamental, tanto como la potenciación de las instituciones y sociedades intermedias (barriales, gremiales, corporativas etc.). Todo ello beneficia al conjunto de la sociedad. Necesitamos políticos y servidores públicos que promuevan un auténtico diálogo social, que sean expertos en la resolución de conflictos y que, a pesar de las legítimas diferencias, nos ayuden a unirnos en un proyecto común de país y de desarrollo.

2.6.- La participación y la corresponsabilidad.

La sociedad no es uniforme. Tiene múltiples expresiones y sensibilidades. Somos conscientes de que no puede haber corresponsabilidad sin participación política y ciudadana. Las personas, con sus evidentes diferencias (sociales, culturales, económicas) tienen derecho a ejercer en la sociedad un protagonismo responsable, garantizando así sus derechos. El estatismo, el centralismo y el discurso único, enmarcados en la propaganda del Estado, son siempre una gran tentación de poder y de control. Sin embargo, nadie puede suplir la libertad y la dignidad de las personas. En este sentido, los católicos reiteramos nuestra responsabilidad a la hora de participar en la vida pública.

Al respecto, el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia nos dice: “se hace imprescindible la exigencia de favorecer la participación, sobre todo, de los más débiles, así como la alternancia de los dirigentes políticos, con el fin de evitar que se instauren privilegios ocultos” (DSI, 189).

No debemos de olvidar que participación y corresponsabilidad sustentan el sistema democrático como el más idóneo para la organización de la vida social y política. Virtudes cívicas, tales como la honradez, el respeto, la tolerancia, el diálogo, el pacto social,… sustentan la democracia y promueven los derechos de todos los ecuatorianos.

2.7.- La solidaridad.

Vivimos en un mundo globalizado desde los intereses de la economía y del poder. El cristianismo, en una clave de misericordia, siempre ha promovido la solidaridad como una de las exigencias fundamentales del amor. Jesucristo, “que pasó haciendo el bien”, nos dio el testimonio de un amor profundamente solidario y comprometido con la realidad humana. Él siempre fue especialmente sensible a los pobres que le rodeaban, a los enfermos y excluidos,…

La indiferencia ante el dolor humano es una de las plagas que acompañan el caminar del hombre. La sociedad, y muy especialmente quienes la sirven, están llamados a educar y promover una profunda solidaridad. Necesitamos una economía social, solidaria y productiva, que garantice trabajo digno y adecuado y que supere esa enorme quiebra que aún existe entre ricos y pobres.

La Iglesia siempre ha manifestado, de una u otra manera, su opción preferencial por los pobres. Sentimos la necesidad de políticas que cuiden de los no nacidos, de las personas con discapacidades o enfermedades terminales, de los que viven en el desempleo o malviven en medio de la necesidad. Nos preocupan especialmente los jóvenes, aquellos que, no teniendo acceso al estudio, tampoco desempeñan ningún oficio o trabajo. Para muchos de ellos, la delincuencia, el alcohol, la droga y la misma tecnología se convierten en un refugio que no consiente su integración social. Las autoridades tienen en esto un enorme desafío de integración, formación y promoción de los jóvenes.

Forma política de ejercer la solidaridad es promover la justicia social, el emprendimiento empresarial, el empleo, los derechos laborales y la calidad de los servicios públicos, especialmente de la alimentación, el transporte, la vivienda, la salud y la educación. En este momento, crear fuentes de trabajo digno, estable y abundante, dada la fuerte tasa de desempleo y las necesidades por las que pasan muchas familias, es una auténtica prioridad.

2.8.- La interculturalidad.

Vivimos en un Estado intercultural, en el que las diversas etnias, por medio de su identidad, usos y costumbres ancestrales, suponen una inmensa riqueza. De aquí el valor del respeto, aprecio y defensa de la interculturalidad.

Nuestra Iglesia está haciendo un gran esfuerzo de inculturación de la fe, acompañando a los pueblos indígenas, afro ecuatorianos y montubios, defendiendo su identidad, cultura y organización. Las palabras del Papa Francisco en la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium son elocuentes: “Una cultura popular evangelizada contiene valores de fe y de solidaridad que pueden provocar el desarrollo de una sociedad más justa y creyente, y posee una sabiduría peculiar que hay que saber reconocer con una mirada agradecida” (EG, 68). Tal preocupación no puede ser un botín político. Los pueblos indígenas, sujetos de derechos y de deberes, tienen en sí mismos, en su propia historia y realidad, su dignidad y su derecho a ser reconocidos, respetados y protegidos. Y, con ellos, su hábitat, sus espacios de vida y de trabajo, en especial referencia a la tierra y al agua. Dividir a los indígenas, debilitar sus organizaciones, reducir sus tradiciones a un aspecto meramente folclórico, por rentabilidad política, es un grave atentado al derecho que los pueblos tienen a vivir y progresar en paz.

 

3. COMPROMISOS

3.1.- El compromiso ético.

La ética política nos pide a todos, pero muy especialmente a los que rigen los destinos de los pueblos, una conducta moral intachable, especialmente en el ejercicio de la función pública.

El Papa Francisco, en su discurso a la Unión Internacional de Empresarios Católicos, el pasado 17 de noviembre, les decía: “La corrupción está generada por la adoración del dinero”, “supone la destrucción del tejido social” y “es un fraude a la democracia”.

Ciertamente, la corrupción degrada la vida social y el servicio público. No deja de ser especialmente escandaloso que la corrupción se dé al tiempo en que miles de personas viven en el desempleo, y las familias humildes experimentan graves necesidades. Sin una auténtica regeneración ética no podremos afrontar el futuro. La honradez forma parte ineludible de la vida personal y social, política y económica, de los pueblos. Los ciudadanos claman por un ejercicio honesto del poder, escandalizados y dolidos ante los últimos episodios de corrupción. A la decepción de haber sido robados, se añade el hecho de que, a pesar de las condenas judiciales, el dinero no siempre se devuelve.

La corrupción deja en evidencia la falta de control y de fiscalización que el Gobierno y las demás instituciones del Estado deben de ejercer sobre todos, pero, muy especialmente, sobre los funcionarios públicos. La fiscalización es un deber, pero también es un derecho social que tienen los ciudadanos, necesitados de seguridad jurídica, libres de impunidad y tranquilos al ver que sus impuestos son invertidos eficazmente.

3.2.- El respeto a la vida.

Nos referimos a la vida de todas las personas, desde la concepción hasta su muerte natural (Const., n. 43). Éticamente, resultan inaceptables políticas públicas que promueven el aborto, la eutanasia, la pena de muerte, la trata de personas o el maltrato físico o psicológico… También entre nosotros el tema del feminicidio alcanza índices alarmantes y debe ser radicalmente rechazado. La vida es el gran don que Dios nos da, el que hace posible todos los demás dones… No se trata sólo de un derecho individual. La sociedad debe defender la vida y la calidad de la vida, dando a todos la posibilidad de realizar sus proyectos y esperanzas.

3.3.- El cuidado de la familia.

La familia no sólo es la célula fundamental de la sociedad (Const., n. 67), sino también la imagen sacramental de Dios. Hoy, la familia sufre no pocas agresiones por parte de una cultura que ensalza el individualismo y el relativismo moral. Parece que todo vale con tal de estar bien, económica o emocionalmente, con tal de lograr un espacio relevante de poder, de prestigio o de reconocimiento social.

En este campo, los políticos tienen una gran responsabilidad moral. Son muchos los que, desde una ideología de género, tienden a equiparar cualquier forma de convivencia humana con la familia conformada por el padre, la madre y los hijos. La Constitución ecuatoriana (n. 67) deja claro el matrimonio entendido como la unión entre un hombre y una mujer. Por eso, respetando la conciencia de cada cual en el ámbito del bien común, nos parece inaceptable la equiparación de toda unión legal o de hecho con el matrimonio.

La defensa de la familia también supone respetar el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones éticas y religiosas (Derecho a la Educación, nn. 26, 27 y 29). A todos hay que garantizar una educación de calidad; sin embargo, una educación de discurso ideológico único y obligatorio contradice tanto la libertad educativa propia del Estado democrático, cuanto su función de ser servidor y no dueño de la educación.

La Iglesia tiene en gran valor la educación popular católica y fisco misional, consciente de que a través de ella ofrece a las familias la oportunidad de educarse en una clara visión de fe y de respeto a la persona.

3.4.- El cuidado de la Creación.

El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia pone de relieve la crisis entre el hombre y el medio ambiente, en la medida en que el ambiente es considerado sólo como “recurso” y no como “casa”. El mismo Papa Francisco, en la Encíclica “Laudato Si”, tras afirmar el deber que todos tenemos de cuidar de la Creación, asegurando un ambiente seguro y hospitalario para todos los seres humanos, se refiere a la tierra como “nuestra casa común” (LS, 77).

El cambio climático, la falta de acceso al agua potable, la pérdida de la biodiversidad, la explotación salvaje de los recursos naturales, sobre todo petroleros y minerales, sin las debidas garantías y sin la consulta previa a las comunidades, pone en peligro nuestro futuro personal y el de nuestros pueblos.

Hoy, la crisis ecológica es global y es una responsabilidad de todos. Defender los bosques, los páramos, el agua, la Amazonía,… tiene que traducirse en opciones que hagan que las autoridades velen realmente por un ambiente saludable para el hombre. Además, el cuidado de la naturaleza está reclamando políticas y leyes adecuadas, pero también la educación de la conciencia y la promoción de nuevos estilos de vida, humanos y saludables. De forma amplia, nuestra Constitución así lo recoge cuando habla de los derechos de la Naturaleza (Const. 71-74).

El cuidado de la naturaleza nos exige pasar de una mera relación de explotación a una relación de comunión ecológica. Y eso nos lleva a reclamar políticas que cuiden de nuestra Madre Tierra.

 

4. CONCLUSIÓN

Estas orientaciones tendrían, a nuestro juicio, que iluminar la conciencia de los ciudadanos en orden a ejercer el derecho al voto. Ciertamente, no existen políticas ni políticos perfectos, pero es necesario elegir a aquellos que más se acercan al ideal de sociedad que, desde nuestros principios y valores, tenemos y deseamos.

Pedimos a Dios que los políticos y administradores públicos que salgan elegidos acierten en el cumplimiento de la responsabilidad que han asumido para la gestión del bien común. “Bienaventurados los políticos que cumplen lo que prometen en las campañas electorales”. Por eso, bueno sería que, antes de tomar partido por su propio partido, los políticos optaran por el bien común, por este proyecto colectivo de nación que se llama Ecuador.

Invitamos a nuestros hermanos en la fe a que oren, pidiendo al Señor Jesús que ilumine su conciencia y la de todos los votantes, para que, con mayor conocimiento de causa y libertad de conciencia, puedan ejercer su derecho al voto. Les pedimos también que oren por los candidatos en general y por aquellos que serán elegidos… Que quienes nos gobiernen nunca antepongan intereses personales, familiares o de grupo a los intereses del Ecuador, al bienestar de nuestro pueblo.

Y a todos los ciudadanos, cualquiera que sea su ideología o pertenencia partidista, les pedimos que, buscando siempre el bien común, consideren la campaña electoral y el ejercicio del voto como un auténtico evento cívico que, aunque apasionado, debe ser respetuoso. El ejercicio del voto no es la única ni la última de las responsabilidades democráticas. En su día todos tendremos que respetar la voluntad popular expresada, de forma transparente, en las urnas. El Ecuador seguirá necesitando del concurso y de la colaboración de todos. Por eso, también podemos decir: “Bienaventurados los ciudadanos que asumen sus responsabilidades”.

Al comienzo del nuevo Año renovamos nuestra confianza en Dios y ponemos el futuro de la Patria en sus manos, al tiempo que invocamos la maternal protección de la Virgen María sobre todo nuestro pueblo.

 

Reciban el saludo cordial y fraterno de los Obispos del Ecuador

 

6 de enero, 2017

Fiesta de la Epifanía del Señor