Informe jurídico sobre la aplicabilidad de las normas referidas a las entidades sin fines de lucro

y a las entidades y organizaciones religiosas

 

Junio de 2009

 

 

 

Consulta: Son aplicables las normas referidas a las entidades sin fines de lucro establecidas en el Decreto Ejecutivo 3054[1], y sus sucesivas reformas Decreto Ejecutivos nros. 610[2], 982[3], y 1389[4] respectivamente, a las entidades y organizaciones religiosas.

 
 

Las fuentes de Derecho en materia religiosa

 

En primer término se encuentra la Carta Magna del Estado. La Constitución actual, elaborada por la Asamblea Constituyente, fue sometida a referéndum aprobatorio por el pueblo ecuatoriano el 28 de septiembre de 2008. La calificación del Estado en materia religiosa está configurada en primer lugar por la referencia a la divinidad en el Preámbulo de la Constitución; en segundo término por el reconocimiento que hace la Norma Suprema de los derechos fundamentales de religión y asociación; y también por la vigencia que tienen los instrumentos internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Ecuador. La Constitución introduce varias novedades doctrinales al respecto. El artículo 417 exige el respeto de los principios pro ser humano[5], concretado en la aplicabilidad directa[6] y no restrictiva de las normas sobre derechos humanos de mención nacional o internacional. Introduce, por primera vez en la historia del Ecuador, la figura de la cláusula abierta[7], que extiende las fronteras espacio-temporales de la norma vigente al determinar que la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma o acto del poder público[8].

 

Dentro de las normas positivas de Derecho eclesiástico ecuatoriano, además de la Constitución y los tratados internacionales, ocupan un lugar importante la Ley de Cultos[9] y el Modus Vivendi[10] entre el Ecuador y la Santa Sede. Ambos documentos se elaboraron a la par, y están vigentes desde julio de 1937. La Ley de Cultos, en su brevedad, crea un espacio jurídico ad hoc dentro del ordenamiento ecuatoriano para las organizaciones religiosas de cualquier culto.

 

En el año 2000 entró en vigencia el Reglamento de Cultos Religiosos[11], cuerpo de normas que introduce en el Derecho ecuatoriano los avances que ha experimentado esta ciencia jurídica en Europa a lo largo de las últimas décadas. A partir de ahora se deja a un lado la terminología antigua –organizaciones religiosas–, utilizada por la Ley de Cultos, y se empieza a hacer uso de una nueva expresión ya consolidada en el Derecho en materia religiosa: entidad religiosa.

 

Los más importantes cuerpos normativos del ordenamiento ecuatoriano contienen explícitas alusiones al fenómeno religioso: Código Civil, Código Penal, Código del Trabajo, leyes procesales, tributarias, etc. La diferencia que existe entre las fechas de promulgación de estas Leyes y reglamentos, así como las divergencias de pensamiento entre legislaciones de una u otra tendencia, hacen que el tratamiento que el Derecho ecuatoriano realiza del fenómeno religioso carezca de armonía[12]. Sin embargo, las normas que se han promulgado en la última década manifiestan predisposiciones hacia una cierta unificación, al menos terminológica, en el tratamiento del hecho social religioso en el Ecuador.

 
 

Principios fundamentales

 

La Norma Suprema garantiza el derecho de todo ciudadano a opinar y expresar el propio pensamiento, libremente y en todas sus formas y manifestaciones[13]; y el derecho a practicar la propia religión y creencias, en público o en privado, de forma individual o colectiva[14]. El Estado se compromete, de manera novedosa, a brindar protección, tanto de la práctica religiosa voluntaria, como de la expresión de quienes no profesan religión alguna, favoreciendo un ambiente de pluralidad y tolerancia[15]. Es también nueva la tipificación del derecho a guardar reserva sobre las propias convicciones y sus consecuencias: nadie podrá ser obligado a declarar sobre las mismas; en ningún caso se podrá exigir o utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos representantes, la información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas[16].

 

El Estado también se ocupa además de garantizar el derecho fundamental de asociación. El artículo 66, numeral décimo tercero proclama el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. Desaparece la limitación anterior a reunirse u asociarse con fines pacíficos[17], limitación sobreentendida en el contexto de la normativa constitucional.

 

Además de los ya mencionados derechos fundamentales de religión, asociación, etc., se mantiene vigente el principio de laicidad, al determinar de forma explícita que el Ecuador es un Estado (…) laico[18]. Este principio ha sido confirmado por la doctrina y la praxis, dejando siempre en claro que “el Estado no se inmiscuye en asuntos religiosos, porque no son de su competencia; al mismo tiempo, las diferentes entidades religiosas, sean de la confesión que fuesen, respetan el orden jurídico estatal, dejando a la Cosa Pública la organización y buen gobierno de la Nación”[19].

 

Desde la mirada protestante las nuevas condiciones de la Reforma dio origen a un orden jurídico novedoso que es la separación de la Iglesia y el Estado, de ahí la pregunta, por qué un estado laico. La realidad del siglo XXI es que vivimos en una sociedad cada vez más pluralista en todos los órdenes… cabe destacar que el rol de las iglesias en un estado laico debe ser dedicar sus esfuerzos a las formación de sus miembros, a mantener una relación adecuada con el medio ambiente, el poder político y las necesidades de los ciudadanos e incluso a desempeñar un rol profético de lucha a favor de la justicia, ética, transparencia.[20]

 
 

Estatuto jurídico de las entidades religiosas

 

De conformidad con la sobria Ley de Cultos, el reconocimiento de una entidad religiosa por parte del Ministerio de Gobierno pasa por el envío del estatuto del organismo que tenga a su cargo el gobierno y administración de bienes[21] del grupo religioso solicitante al Ministro de Gobierno, así como del nombre de la persona que haya de representarlo legalmente[22]. A su vez, el Señor Ministro dispondrá que dicho estatuto se publique en el Registro Oficial y se inscriba en la oficina del Registrador de la Propiedad[23] del cantón donde se encuentren ubicados los bienes de la organización religiosa que pretende ser reconocida en el ordenamiento ecuatoriano.

 

Por su parte, las disposiciones del Reglamento de Cultos delimitan mejor las facultades de la autoridad administrativa a la hora de calificar a un grupo religioso como tal, debiendo ésta llegar a la convicción del carácter religioso[24] de la entidad solicitante, antes de proceder al reconocimiento de su personería jurídica –no aprobación, menos aún constitución–[25] necesario para el libre ejercicio de derechos y obligaciones en el tráfico jurídico ecuatoriano. El Reglamento da valor a la certificación[26] otorgada por la autoridad religiosa competente, como documento acreditativo del carácter religioso de una entidad que solicita su reconocimiento en el Derecho ecuatoriano[27].

 

Al respecto, el Reglamento de Cultos hace una distinción entre dos clases de grupos religiosos que solicitan el reconocimiento de su personalidad en ámbito civil[28]. En primer lugar están aquellos pertenecientes a la Iglesia Católica, una Iglesia cristiana o religión previamente reconocida en el Ecuador. Estos entes tendrán que someterse, para su reconocimiento, a un trámite bastante sencillo, en el cual, la certificación de la autoridad religiosa juega un papel decisivo: si dicho certificado está en regla, el Ministro deberá proceder a la inscripción del grupo solicitante en el Registro de Entidades Religiosas, sin mayores facultades discrecionales. En cambio, si el ente que desea entrar en el ordenamiento jurídico ecuatoriano pertenece a una Confesión del todo nueva en el país, dicha entidad estará obligada presentar documentación acreditativa de su carácter religioso. En este segundo caso, el Ministro de Gobierno sí goza de cierta discrecionalidad a la hora de decidir si procede o no el registro de la entidad correspondiente, luego de escuchar la opinión de peritos[29].

 

El Reglamento da mayor importancia a la función registral, al dejar claro que el acceso del Estatuto del consejo de gobierno de una entidad confesional al Registro de entidades Religiosas resulta ser el momento constitutivo de la personalidad jurídica de un grupo religioso en ámbito civil[30]. Además, crea un Registro especial, dentro del mismo Registro de la Propiedad –respetando, por tanto, las determinaciones de la Ley de Cultos– para las entidades religiosas[31].

 

El Reglamento hace expresa referencia a la categoría jurídica que poseen, dentro del ordenamiento ecuatoriano, las entidades religiosas: tienen el carácter de personas de Derecho privado y utilidad social, benéfica o educacional[32]. Sin embargo, la doctrina ha preferido enriquecer la definición anterior, enmarcándolas dentro de un cuadro jurídico peculiar: el de las personas jurídicas de Derecho especial[33], por tratarse de entidades de una naturaleza del todo sui géneris que supera las competencias del Estado laico, y cuyos fines van más allá de una mera fundación benéfica, educacional o asistencial, aunque muchas veces los incluya.

 
 

Interpretación de la Reglamentación de las entidades sin fines de lucro establecidas en el Decreto Ejecutivo 3054[34], y sus sucesivas reformas

 

El Ecuador, al igual que múltiples países del mundo, rige las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas por el principio de laicidad[35]. Según este principio, el Estado no se inmiscuye en asuntos religiosos, porque no son de su competencia[36]. Al mismo tiempo, las diferentes entidades religiosas, sean de la confesión que fuesen, respetan el orden jurídico estatal, dejando a la Cosa Pública la organización y buen gobierno de la Nación[37]. Este principio es respetuoso, como consecuencia del Estado de Derecho, de la libertad que gozan los ciudadanos en todo lo que tiene relación con el pensamiento, la conciencia y la religión[38], tanto privada como públicamente, de forma individual o colectiva, siempre en el marco de la ley, la moral y las buenas costumbres[39]. El fundamento último de este derecho humano es la persona misma[40]. Son antropológicamente innegables las manifestaciones religiosas del actuar humano, en todo lugar y tiempo[41]; tales comportamientos han sido reconocidos y garantizados en varios documentos internacionales[42], sin ir en detrimento de aquellos que se abstienen de los mismos, amparados en las mismas normas[43]. El Estado que se sustenta en el principio de laicidad también procura garantizar el libre ejercicio de los derechos religiosos, a la vez que se reconoce incompetente en materia de religión. Determina, pues, la existencia de tales derechos, en la parte dogmática de sus Constituciones[44], y elabora Derecho sobre la base de unas mínimas garantías para su correcto ejercicio, a través de cierta legislación ad hoc.

 

Una de las aplicaciones más claras del principio de laicidad tiene relación con el fenómeno religioso en su vertiente colectiva. La no intromisión del Estado en materia religiosa ha decantado, aquí y en tantas naciones, en una serie de normas que procuran garantizar el libre ejercicio de la religión de los grupos confesionales: no pretende la autoridad estatal constituir tales organizaciones, porque su constitución se realiza en un nivel que le es completamente ajeno a sus competencias: el religioso[45]. El Estado, pues, se limita a regular el ejercicio de la personalidad jurídica de dichas entidades[46], otorgando a la sociedad un mínimo de elementos que avalen el orden público y el bien común. Sería un desorden a todas luces inconstitucional y condenable frente a la comunidad internacional, que el Estado pretendiese ir más allá.

 

Es por esto que la Legislación ecuatoriana relativa al reconocimiento de la personalidad jurídica de los entes religiosos, en ningún momento utiliza términos como establecer, presente en el artículo 584 del Código Civil para referirse a las corporaciones y fundaciones; aprobar, utilizado en la misma norma; o peor aún, constituir, tal como menciona el reformado Decreto 3054, con respecto a las corporaciones y fundaciones del mismo Código Civil. Como bien explica la reconocida doctrina ecuatoriana, la “aprobación” no es un simple término que puede usarse o puede no usarse, no es una palabra que se la puede utilizar arbitrariamente. En materias técnicas los términos tienen que usarse “técnicamente” porque cada uno tiene su significado propio[47]. En materia jurídica y, especialmente, en lo referente a la personalidad jurídica el término “aprobación” es un término “técnico” (…) En materia de derecho no puede, pues, utilizarse la palabra “aprobación” arbitrariamente[48]. Es por esto que, tanto en el Modus Vivendi celebrado entre en Ecuador  la Santa Sede[49], como en el Decreto Supremo 212[50] y en el Reglamento de Cultos Religiosos[51], jamás se menciona, ni siquiera de manera tácita, que la función del Estado sea la de aprobar una entidad religiosa, menos aún –a nadie se le ocurriría pensarlo- constituirla o establecerla. El Estado desempeña su papel de manera oportuna reconociendo[52] una personalidad jurídica previamente existente: no va mas allá, porque no es su función. Es connatural a todo grupo religioso establecer sus propias normas de organización, autogobierno y tratamiento del personal que forma parte de la entidad en cuestión[53]. La autoridad civil se hará cargo, como es lógico, de un mínimo de datos que hagan cognocible al ente confesional y perseguible en justicia, en caso de ser necesario, al representante legal de un grupo religioso[54].

 

Es por esto que, a la hora de estudiar el alcance de las reformas al Decreto 3054 y sus reformas, parezca por demás obvio que el Decreto 610 no resulte aplicable a las entidades religiosas[55], al mencionar que la función de la autoridad administrativa consiste en aprobar, reformar, etc. los estatutos de personas jurídicas concretas[56]. Resulta absurdo el sólo hecho de imaginar que el Ministro de Gobierno solicite, por ejemplo, a un monasterio de clausura o a un grupo hinduista que desea establecerse en el Ecuador, su estatuto organizativo para ser aprobado: horas que dedican a la oración o al ayuno, régimen de vida espiritual, disciplina de vida comunitaria, etc. Más absurdo aún sería que pretenda reformarlo o codificarlo[57]: todas ellas son facultades otorgadas a la autoridad estatal por el Decreto 610 sobre entidades organizativas que, desde luego, no pueden ser las religiosas. Tanto el Decreto Supremo 212 como el Reglamento de Cultos, solicitan a los grupos religiosos únicamente información relativa la organización del gobierno y administración de bienes[58], que debe ser puesta a conocimiento del Ministro de Gobierno, quien se encarga de reconocer[59], de la mano de peritos en algunos casos, la existencia o inexistencia del grupo religioso y, si procede, cumplir o hacer cumplir los demás requisitos procedimentales. Otorgarle al Estado funciones que vayan más allá de las determinadas por el Decreto Supremo 212 y su reglamento, como se pretendería al pensar que el Decreto 3054 y sus reformas tiene alcance sobre estas normas, sería caer nuevamente en una superada versión confesional del Estado. El sólo hecho de pensarlo repugna al sentido común y a la concepción laica de la mentalidad occidental, de la que formamos parte, después de tan acertadas evoluciones normativas, sin desmerecer, desde luego, a otras culturas y formas de pensar.

 

A pesar de lo dicho hasta ahora, puede sin embargo presentarse alguna duda a la hora de revisar el tenor literal del Decreto 3054 y sus reformas, cuando éste determina que su alcance no se limita a las corporaciones y fundaciones del Código Civil, sino también a aquellas previstas en las leyes especiales[60]. Es más, la duda puede acrecentarse, toda vez que el Decreto 610 haya suprimido del Decreto 3054, como se ha mencionado al principio, la mención del mismo a la no sujeción al Reglamento de aquellas asociaciones que en virtud de lo dispuesto en leyes especiales tuvieren un procedimiento especial de constitución[61]. Esta segunda parte resulta de menor problemática, pues en ella, una vez más, se hace referencia a la constitución de asociaciones, permitiendo entender que, a la hora de plantear esta exclusión, se pensaba en personas jurídicas especiales que requieren un proceso constitutivo por parte del Estado, cosa que, como ha explicado abundantemente la legislación, la doctrina y la praxis nacional e internacional, no corresponde a las entidades religiosas.

 

Con respecto a la mención que se hace en el Decreto 610, sobre el alcance del mismo, que abarca también aquellas entidades previstas en leyes especiales, es importante considerar, en primer lugar, la pluralidad de tales leyes, que han dado origen a múltiples asociaciones distintas de las amparadas por la normativa del Código Civil. La interpretación de este texto debe hacerse a la luz del mismo considerando segundo del Decreto, donde se menciona la existencia de organizaciones no gubernamentales (ONGs), originadas en leyes especiales. Es un hecho evidente que, en los últimos años, han proliferado en todo el mundo –el Ecuador no es una excepción- este tipo de asociaciones, con los fines más diversos: culturales, deportivos, recreacionales, artísticos, con ideales como la conservación de la naturaleza, la integración de las etnias, la interacción de grupos con los conocimientos ancestrales o el medio ambiente, etc. La unificación de criterios a la hora de su aprobación, control, reforma, liquidación o disolución[62] resulta, sin lugar a duda, oportuno. Es una aplicación coherente y llena de sentido común del principio de economía normativa. Como se puede apreciar, espíritu de la norma no puede estar más claro. Todos estos grupos gozan de una calificación especial frente a la tradicional forma asociativa, y muchos de ellos, con el paso del tiempo, dejarán de considerarse especiales, porque se habrán generalizado tanto, que la legislación les dará un estatuto ordinario: de alguna forma esto es precisamente lo que se pretende, acertadamente, con el Decreto 610. No hay que olvidar que la vida va por delante: el Derecho –y esa es precisamente su función- encauza las coyunturas históricas que conllevan en su interior relaciones de justicia en el ámbito social.

 

 De todas formas, vale la pena recalcar que sería un reduccionismo, el hecho de pretender incluir a las entidades religiosas dentro de las mencionadas en el párrafo anterior, y por tanto, dentro de las enmarcadas en el Decreto 610. Es innegable que la doctrina ha denominado a los grupos religiosos reconocidos por el Estado como personas jurídicas de Derecho Especial, por sus características tan peculiares[63]. Pero el hecho de querer incluir a todos los entes “especiales” dentro de un mismo grupo, no haría más que transformarlos en “generales”, y esto es precisamente lo que se quiere evitar: el género se opone a la especie en cuanto que aquél es más amplio y se aplica sin reservas, y éste es más restringido y tiene una aplicación con ciertas particularidades[64]. Pretender que todos los grupos “especiales” sean iguales sería ir en contra de la misma definición de “especialidad”, cayendo en una injusta generalización[65]. Muchas entidades “especiales” han pasado, con el transcurso del tiempo, al campo de lo general –piénsese en tantos grupos de ayuda social: hace veinte años eran la excepción, hoy en día son comunes a todos-, pero otros serán siempre una excepción, como sucede con un chico que, por unas limitaciones psíquicas permanentes o –el caso opuesto- unas cualidades intelectuales excepcionales, siempre requerirá una educación especial, por más que se empeñe su padre o un profesor en negar la evidencia. Algo parecido sucede con las entidades religiosas: son personas jurídicas sui generis[66], o más bien, speciem suam peculiarem, que gozan de una legislación específica y distinta, que el Estado laico respeta. Esto no significa que la función de la autoridad administrativa sea meramente mecánica; el Reglamento de Cultos otorga al Ministro de Gobierno cierta capacidad discrecional, a la hora de calificar a un grupo religioso como tal: la discreción es mayor en la medida en que una supuesta entidad religiosa resulte completamente desconocida en el país[67]. Pero en todos los casos, y siguiendo la doctrina de tantos países europeos y latinoamericanos, no se trata –volvemos una vez más sobre lo mismo- de controlar la vida interna de un grupo religioso a través de procedimientos administrativos aplicables a otro tipo de entes, sino de encauzar debidamente las iniciativas de tipo religioso que se presentan en la sociedad, dándoles el aval necesario para el ejercicio de su personería.

 
 

Conclusión

 

Queda claro, por tanto, la inaplicabilidad de las normas referidas a las entidades sin fines de lucro a las entidades y organizaciones religiosas por:

 

Las entidades religiosas tienen un tratamiento especial por su organización sui generis, de acuerdo a la legislación vigente;

 

El Estado laico reconoce las entidades religiosas y éstas a su vez respetan el orden jurídico estatal que sea conforme al régimen especial de las entidades religiosas;

 

Entendemos que la autoridad administrativa tiene el derecho de regular civilmente a las entidades religiosas, pero dentro de la normativa especial existente la Ley de Cultos.

 

Si la autoridad administrativa se negase a reconocer, sin justa causa, el derecho especial que regula el fenómeno religioso, se estaría violando un Derecho Fundamental reconocido por la Carta Magna y los documentos internacionales sobre Derechos Humanos suscritos y ratificados por el Ecuador[68].

 
 

 

 

Informe presentado por el Dr. Jaime Baquero de la Calle Rivadeneira, Catedrático de la Universidad de los Hemisferios, y el Dr. José Egas, Asesor Jurídico de la Confraternidad Evangélica de Ecuador

 

 

 

[1] Publicado en el R. O. No. 660, del 11-IX-2002. En adelante, Decreto 3054.

 

[2] Publicado en el R. O. No. 171, del 17-IX-2007.

 

[3] Publicado en el R. O. No. 311, del 08-IV-2008.

 

[4] Publicado en el R. O. No. 454, del 27-X-2008.

 

[5] Artículo 417 de la Constitución Política de la República del Ecuador.

 

[6] Ibid.

 

[7] Ibid.

 

[8] Artículo 424 de la Constitución Política de la República del Ecuador.

 

[9] Se trata del Decreto Supremo 212, promulgado durante la dictadura de Federico Páez y publicado en el R. O. No. 547, del 23-VII-1937. Llevan el nombre de Decretos Supremos las leyes promulgadas en perídos de facto. El nombre de Ley de Cultos se lo ha dado la doctrina a lo largo de varias décadas.

 

[10] R. O. No. 30, del 14-IX-1937.

 

[11] R. O. No. 365, del 20-I-2000.

 

[12] Cfr. LARREA HOLGUÍN, J., Derecho Eclesiástico Ecuatoriano, Quito, 2000, p. 217.

 

[13] Artículo 66, numeral sexto de la Constitución Política de la República del Ecuador.

 

[14] Cfr. Artículo 66, numeral octavo de la Constitución Política de la República del Ecuador.

 

[15] Ibid.

 

[16] Artículo 66, numeral décimo primero de la Constitución Política de la República del Ecuador.

 

[17] No existe, en el Derecho Constitucional positivo, alusión alguna al derecho de fundación. Si embargo, el Código Civil se preocupa de desarrollar, en pocos artículos, una normatividad en gran parte común para las Corporaciones y las Fundaciones de beneficencia pública (Cfr. artículos 583–601 del Código Civil).  ¿Puede decirse que la mención constitucional a la libertad de asociación es aplicable también a la libertad de fundación en el Ecuador? Poco se ha escrito sobre este tema. Algún trabajo reciente ha preferido referirse a Fundaciones y Corporaciones como organizaciones similares, “ya que, al amparo de nuestra legislación, estas personas jurídicas son equiparables, y están sujetas al mismo marco jurídico general” (ROBALINO ORELLANA, J., La situación de las fundaciones en el Ecuador, en PIÑAR MAÑAS, J. L., y GARCÍA GARCÍA, J.A., “Las fundaciones en Iberoamérica. Régimen jurídico”, Madrid, 1997, p. 179). Desde esta perspectiva parece que no resulta demasiado ajeno a la realidad pensar que la garantía constitucional de asociación puede ser invocada para proteger el derecho de fundación. Téngase en cuenta además que en materia de derechos y garantías constitucionales, se estará a la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia (Artículo 18, párrafo segundo, de la Constitución Política de la República del Ecuador).

 

[18] Artículo 1 de la Constitución Política de la República del Ecuador.

 

[19] BAQUERO, J., ¿Es aplicable el Decreto ejecutivo No. 610 a las entidades religiosas?, en “Actualidad Jurídica”, Quito, XI–2007, p. 23. Si se desea revisar jurisprudencia, cfr., Corte Suprema de Justicia, Resolución de la Sala Constitucional, publicada en el R. O. No. 674, del 12–IV–1995.

 

[20] Ramos Carlos, En la construcción de un Estado Laico, Centro Integral de la Familia 2008

 

[21] Artículo 1 de la Ley de Cultos.

 

[22] Ibidem.

 

[23] Artículo 3 de la Ley de Cultos.

 

[24] Artículo 3 del Reglamento de Cultos Religiosos.

 

[25] Cfr. Considerando Primero y artículo 3 del Reglamento de Cultos Religiosos.

 

[26] Artículo 4 del Reglamento de Cultos Religiosos.

 

[27] Este sistema de la presentación de un certificado  que acredite el carácter religioso de la entidad está presente en legislaciones como la española, y ha significado una simplificación del sistema de reconocimiento civil de un grupo de entes religiosos en el Ecuador.

 

[28] Artículo 4 del Reglamento de Cultos Religiosos.

 

[29] Ibidem.

 

[30] Cfr. artículos 5 y 6 del Reglamento de Cultos Religiosos.

 

[31] Artículo 10 del Reglamento de Cultos Religiosos.

 

[32] Artículo 22 del Reglamento de Cultos Religiosos.

 

[33] Cfr. TOBAR DONOSO, J., Relaciones entre la Iglesia y el Estado Ecuatoriano, Quito, 1938, pp. 35 y 36; LARREA HOLGUÍN, J., La Iglesia y el Estado en el Ecuador, Quito, 1988, pp. 106 y ss.

 

[34] Publicado en el R. O. No. 660, del 11-IX-2002. En adelante, Decreto 3054.

 

[35] Cfr. entre otros, VV. AA., Enciclopedia jurídica ecuatoriana, en Derecho Eclesiástico del Estado, Quito, 2007, pp. 214 y ss.; MARÍA DEL CARMEN GARCIMARTÍN, La personalidad  jurídica civil de los entes eclesiásticos en el Derecho español, Barcelona, 2000, p. 142. Cfr. también el Art. 67 de la Constitución Política de la República del Ecuador. Si se desea revisar jurisprudencia, cfr., Corte Suprema de Justicia, Resolución de la Sala Constitucional, publicada en el R. O. No. 674, del 12-IV-1995.

 

[36] Cfr. entre otros, ANTONIO VITALE, Ordinamento Giuridico e interessi religiosi: Corso di Diritto Eclesiastico, Milano, 1998, pp. 33 y ss.

 

[37] Cfr. WINFRIED AYMANS (ed.), Das Konzoziative Element in der Kirche, St. Otilien, 1989, pp. 865-889.

 

[38] Cfr. art. 23, Num. 11 de la Constitución Política de la República del Ecuador.

 

[39] Cfr. art. 3 del Reglamento de Cultos Religiosos, R. O. No. 365, del 20-I-2000.

 

[40] Cfr. entre tantos autores, LUDOVICUS BENDER, Philosophia Iuris, Romae, 1955, pp. 95 y ss.

 

[41] Cfr. JAIME BAQUERO DE LA CALLE,  El Derecho… ¿para qué?, Quito, 2007, pp. 303 y ss.

 

[42] Art. 18 de la Declaración universal de los derechos humanos, del 10 de diciembre de 1948; art. 18 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, del 16 de diciembre de 1966 , ratificado por el Ecuador el 6 de marzo de 1969; art.13,3 del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, del 16 de diciembre de 1966, ratificado por el Ecuador el 6 de marzo de 1969; Declaración americana de los derechos y deberes del hombre, suscrita en Bogotá, en 1948; art. 12 de la Convención americana de derechos humanos, suscrita en Costa Rica, el 28 de noviembre de 1969  y ratificada por el Ecuador el 12 de agosto de 1977; Protocolo adicional a la convención americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocido como Protocolo de San Salvador, suscrito en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988, y ratificado por el Ecuador el 25 de marzo de 1993. Entró en vigor unos años más tarde, el 16 de noviembre de 1999.

 

[43] Cfr. Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, del 25 de noviembre de 1981, presentado en la Resolución ONU 36-55.

 

[44] Cfr. nota 12.

 

[45] WOLFGANF HUBER, Kirche und Offentlichkeit, Stuttgart, 1973, pp. 228 y ss.

 

[46] Considerando primero del Reglamento de Cultos Religiosos, cit.

 

[47] Un ejemplo de la necesaria precisión jurídica puede encontrarse en la Convención de Viena sobre relaciones consulares, cuando determina que la apertura de sedes consulares por parte del Estado que envía, requiere la aprobación del Estado receptor. Art. 4, num. 2do de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, suscrita el 24-IV-1963, en vigencia desde el 19-III-1967.

 

[48] LUIS TOBAR RIVADNEIRA, Las personas jurídicas en el Ecuador, Quito, 1956, p. 265.

 

[49] R. O. No. 30, del 14-IX-1937.

 

[50] R. O. No. 547, del 23-VII-1937.

 

[51] Decreto Ejecutivo No. 1682, R. O. No. 356, del 20-I-2000.

 

[52] Cfr. art. 3 del Reglamento de Cultos Religiosos.

 

[53] JAVIER HERVADA, Los eclesiasticistas ante un espectador, Pamplona, 1993, p. 169.

 

[54] Cfr. arts. 4-8 del Reglamento de Cultos Religiosos.

 

[55] Para ser precisos, el Decreto 3054 tampoco parece aplicable al fenómeno asociativo religioso, antes o después de sus reformas, como se explicará a continuación.

 

[56] Cfr. art. 1 del Decreto 610.

 

[57] Cfr. arts. 1 y 3 del Decreto No. 610.

 

[58] Cfr. arts. 1 y 2 del Decreto Supremo 212;  arts. 1-3 del Reglamento de Cultos Religiosos.

 

[59] Ibid.

 

[60] Art. 3 del Decreto 610.

 

[61] Art. 2 del Decreto 610.

 

[62] Art. 1 del Decreto 610.

 

[63] Cfr. JAIME BAQUERO DE LA CALLE, Personas jurídicas de Derecho Especial, Quito, 2004.

 

[64] Cfr. ARISTÓTELES, Metafísica, Libro décimo,  Ι ,  1052a-1059a

 

[65] Ibid.

 

[66] Entiéndase la expresión latina justamente en el sentido de la “distinción” que marcan los entes religiosos, por su propia naturaleza, en el ámbito jurídico de una nación. Esta es la concepción coloquial de la misma.

 

[67] Cfr. arts. 4-6 del Reglamento de Cultos Religiosos.

 

[68] Sobre los documentos internacionales que garantizan este derecho fundamental, cfr. notas 18 y 19.