Estado plurinacional

La demanda del estado plurinacional se enmarca al interior de un proyecto político cuya propuesta central busca la justicia histórica de los pueblos indígenas. Esta demanda por justicia, que no es únicamente de los pueblos indígenas, sino del conjunto de los pueblos explotados y excluidos, busca fundamentalmente tres cosas:

 

1. Recuperar lo que legítimamente les/nos pertenece a los pueblos y comunidades indígenas herederos de los pueblos ancestrales que habitaban el Abya-Yala, antes de la invasión colonizadora europea. Se refiere esto a territorios, culturas, lenguas, saberes, organizaciones, dirigencias, etc.

2. Busca que la actual sociedad ecuatoriana remedie los crímenes, que a lo largo de la historia colonial y neocolonial, se cometieron en contra de los pueblos indígenas y afro-descendiente. En la medida en que la sanción a los responsables directos de este crimen, cometido en los distintos periodos de la historia colonial y republicana es una tarea ya imposible, la única forma de reparación exige profunda transformación de la sociedad que garantice que ésta vergonzante historia de genocidio y etnocidio no continúe.

3. Sobre la base de lo anterior, la sociedad ecuatoriana tiene que reconocer y aceptar el lugar digno y legítimo que dentro de ella tienen los pueblos indígenas, respetando su voz distinta para decidir su destino, en acuerdo mutuo con los demás pueblos que habitan el territorio ecuatoriano y latinoamericano, al interior de un nuevo acuerdo social.

 

Si esto no se entiende y se acepta no hay una voluntad de luchar por justicia y menos de ejecutarla. El problema de la justicia histórica a los pueblos indígenas, herederos de los pueblos ancestrales, no es un asunto de reconocimiento abstracto de la multiculturalidad, que como se sabe es inherente a la ideología neoliberal que tolera la diferencia, e incluso la promueve, siempre y cuando ésta no afecte los intereses de la acumulación de capital. Esta ideología intenta ocultar y disolver el problema central que enfrentan los sectores populares en general y los indígenas en particular, que tiene que ver con la política económica. Esta ola democratizadora a nivel de “estilos de vida” diversos, deja intacto el dominio supuestamente despolitizado de los expertos económicos que sostienen la lógica capitalista por sobre los intereses de la mayoría de la población empobrecida por ésta.

 

 

La asunción concreta de la pluriculturalidad implica la construcción de un estado plurinacional que liquide el estado de clases, lo que a su vez supone la superación de la sociedad de clases. Visto así, se comprende que la justicia histórica a los pueblos indígenas solo es viable por fuera de la sociedad capitalista, pues la justicias implica la aceptación de otras formas de producción cuyas fuerzas no sean fuerzas destructivas como las capitalistas, sino fuerzas constructivas que garanticen una buena vida (Sumak Kawsay).

 

En la cumbre de la Alternativa Bolivariana para las Américas ALBA, realizada el 24 de junio de este año en Otavalo, fue la muestra clara de la miopía de los llamados gobiernos progresistas de América Latina. Gobiernos que no entienden o no quieren entender lo que implica el proyecto político de la construcción del estado plurinacional, no entiende que la justicia histórica que éste supone no se limita a otorgar cabida en sus proyectos políticos a individuos identificadas étnicamente con ciertos pueblos o nacionalidades indígenas, afroamericanas o montubias (en el caso de Ecuador). Individualidades que huérfanas de un proyecto plurinacional popular se suman a los proyectos del nuevo nacionalismo de la burguesía blanco-mestizo, que más allá de su discurso de “izquierda” se enmarca dentro de la lógica silenciosa del capitalismo.

 

La justicia histórica no es un tema que se resuelva con dádivas del “patrón” o del “capataz” a sus “mitayos”, es un asunto de que se eliminen los patrones, los capataces y los mitayos, en otras palabras, no es un asunto que el patrón (burgués) o su capataz reconozca ciertos derechos a sus mitayos (trabajadores), sino que se liquide la estructura de clases y con ella las relaciones de dominación económica, política y cultural.

 

La justicia histórica no es un teatro donde las individualidades indígenas, escogidas por los dirigentes blanco-mestizos, representan el papel de dirigentes, por sobre las formas de organización política y social propias de estos pueblos. Es lamentable que el presidente Evo Morales ya no reconozca a las organizaciones indígenas del Ecuador y a sus legítimos dirigentes y se preste al juego político del gobierno ecuatoriano que claramente ha adoptado una política racista que continúa con la historia colonial. No es posible que un presidente indígena, ex dirigente minero, hoy se ponga del lado de un gobierno que criminaliza la lucha social y que acusa a los dirigentes indígenas de terroristas, asumiendo el discurso del imperio norteamericano.

 

Estamos claros que el proyecto político de la plurinacionalidad es nuestro, de los pueblos explotados indígenas, afro-descendientes, montubios y mestizos empobrecidos, un proyecto de los oprimidos, de ninguna manera es un proyecto de gobiernos que no tienen ninguna voluntad política de hacer justicia histórica. Gobiernos que cada vez se alejan más del pueblo y sus organizaciones, si es que alguna vez estuvieron cerca.

 

 

*Natalia Sierra, socióloga y catedrática ecuatoriana