VIDA RELIGIOSA
Congreso de la CER Manabí

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¿Qué nos dice y qué decimos?... sobre la corrupción

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Solidaridad con las Misioneras Combonianas

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Fraternidad Misionera Verbum Dei

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Reunión de presidentes/as regionales

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LITURGIA
Vivir perdonando (17 septimbre 2017)

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Está entre nosotros (10 septiembre 2017)

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Aprender a perder (3 septiembre 2017)

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Mujer, ¡qué grande es tu fe! (20 agosto 2017)

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En medio de la crisis (13 agosto 2017)

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GENERALES
Cuestionario para el Sínodo de jóvenes

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6º Boletín de prensa de Caritas Ecuador

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Divulguemos la Encíclica Laudato Si

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Cambio climático: 12 claves de la cumbre de París

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Jornadas nacionales de Pastoral Social

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NOTICER
Encuentro de AFICER 2017

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Psicodrama aplicado a situaciones de crisis y recuperación emocional

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Solidaridad con Perú

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Taller sobre Trata de personas

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Encuentros y celebraciones (2 febrero 2017)

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AVISOS
Invitación a Retiro con el P. Luke Rodrigues sobre ecología

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Anudando (Espacio de Formación Integral de las Mujeres)

Talleres del Centro Bíblico Verbo Divino

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Las siete palabras de Cristo en la cruz

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Seminario sobre logoterapia en el tratamiento de adicciones

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ECLESIAL
Abrirse a la posibilidad de perdonar

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Ordenación episcopal  de Mons. Adalberto Jiménez

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Responder a los refugiados y migrantes

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Obispos del Ecuador ante la realidad del país

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Mons. Adalberto Jiménez, obispo de Aguarico

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Mandamientos de la Ley de Aguas para el Buen Vivir

 
 

El agua es un bien nacional de uso público.- El agua es un bien vital para la existencia de la vida humana y de la naturaleza. La subsistencia de los pueblos depende del acceso y manejo, por lo cual el Estado es su garante.  Por esta razón es un bien público y un sector estratégico que no puede ser  privatizado ni acaparado.

 

Derecho humano al agua.- Su cumplimiento tendrá la siguiente prioridad: 1. consumo humano, 2. riego para producción para la soberanía alimentaria y 3. el cuidado de la naturaleza. Luego podrá utilizarse el agua para otros fines. Esto debe estar manifestado claramente en la ley.

 

Exigibilidad del derecho.- El agua como derecho humano fundamental, debe ser de aplicación directa e inmediata como ordena la Constitución, pero para evitar que quede como una simple declaratoria, su cumplimiento y regulación no debe subordinarse a ninguna otra norma legal, y el Estado y los funcionarios judiciales tendrán que tramitarlo de manera urgente y prioritaria.

 

Gratuidad de un mínimo vital del agua de uso doméstico y de riego para la producción de alimentos.-  El Estado debe garantizar ese mínimo. Para consumo humano será de 40 a 60 litros por persona al mes; para riego máximo 5 Ha. en la sierra, 10 Ha. en la costa y 20 Ha. en la amazonía. Existen mecanismos para financiar y operativizar la gratuidad, no hacerlo es falta de voluntad.

 

Democratización de la gestión del agua.- El neoliberalismo apartó al Estado de su responsabilidad de garantizar el acceso al agua de los ecuatorianos, convirtiéndolo en un negocio de empresas privadas. La lucha de los pueblos logró consagrar en la nueva Constitución la prohibición expresa de privatizar este líquido vital; y su manejo será exclusivamente público o comunitario. Por lo tanto la nueva institucionalidad que regule y maneje el agua debe ser democrática y una responsabilidad compartida entre el Estado y los pueblos.

 

Riego comunitario.- La Constitución reconoce a las comunas, pueblos y nacionalidades como sujetos del Estado. Reconoce también sus derechos a conservar y desarrollar sus propias estructuras socio-organizativas y de ejercicio de autoridad. Los derechos colectivos garantizan la conservación de las tierras comunitarias y el control territorial; y el derecho a la consulta previa, libre e informada. Por lo tanto el Estado está obligado a proteger y fortalecer las formas comunitarias de manejo del agua, respetar sus instancias territoriales y su autoridad; así como su participación en la institucionalidad que regule el manejo de éste recurso.

 

Redistribución del agua.- uno de los aspectos fundamentales es la redistribución del agua, en estricto respeto a la prelación establecida: 1. consumo humano, 2. riego para producción para la soberanía alimentaria y 3. el cuidado de la naturaleza. Luego podrá utilizarse el agua para otros fines. Para que esto sea posible deben revisarse todas las concesiones que impliquen lesión del derecho humano al agua, acaparamiento y monopolio, o que incumplan con la prelación constitucionalmente establecida.

 

Manejo de páramos y fuentes de agua.- Esta tarea estratégica no puede estar en manos privadas, ni ser responsabilidad de los usuarios. Debe haber una política de Estado sobre manejo de fuentes de agua; su planificación debe ser democrática y participativa, y contar con la intervención directa de las comunidades y organizaciones. El manejo de los páramos debe estar financiado por el Estado, y no puede estar financiado únicamente por el cobro de tarifas de mantenimiento a los usuarios. Éste cobro debe obedecer a criterios de rentabilidad económica, sin perjudicar a los pequeños productores, ni a las familias indígenas y campesinas.

 

Institucionalidad.- Recuperar las capacidades del Estado no implica tener una institucionalidad vertical, donde los usuarios solo sean observadores pasivos de una burocracia inaccesible. Los usuarios y la sociedad deben participar y tener incidencia directa en las decisiones; para ello la institucionalidad debe organizarse democráticamente mediante un cuerpo colegiado en los distintos niveles (nacional, regional, local). Proponemos la constitución del Consejo Plurinacional del Agua, como instancia institucional para la organización, regulación y manejo del agua. No es verdad que una instancia colectiva impida la eficiencia y los acuerdos.

 

El Fondo Nacional del Agua y el Instituto de Gestión Comunitaria e Integral del Agua – COMUNAGUA.- El Fondo Nacional del Agua tendrá por objetivo invertir en infraestructura y obras de riego y manejo del agua para consumo humano. Este Fondo será administrado por COMUNAGUA que será conformada de manera descentralizada con las entidades comunitarias de administración. Esta institución marcará los límites de las capacidades de los gobiernos municipales respecto del agua para consumo y de los gobiernos provinciales para el agua de riego.

 

 

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