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Mons. Adalberto Jiménez, obispo de Aguarico

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Informe del Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos de Orellana

 

 

ANTECEDENTES

 

El conflicto vivido durante estas últimas semanas en los alrededores de Los Reyes, comunidad de la provincia de Orellana, ha dejado ver dos cuestiones que se entrecruzan y que merecen ser contextualizadas.

 
 

Pueblos en Aislamiento

 

El término Pueblos en Aislamiento (u Ocultos, o en Aislamiento Voluntario, o Ancestrales…) hace referencia a grupos de indígenas que siguen sin tener contacto directo con nuestra sociedad. Su territorio ha sido delimitado en varias ocasiones (en 1999 se delimita la llamada Zona Intangible Tagaeri-Taromenani) y la relación con ellos ha sido regulada también en numerosas ocasiones.

 

En mayo de 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares para estos Pueblos en Aislamiento y en 2007 el estado ecuatoriano crea el Plan De Medidas Cautelares a favor de los pueblos Taromenani y Tagaeri con el fin de dar una respuesta más específica a la propuesta de la CIDH.

 

La realidad de la zona es compleja. Durante años, y quizá también hoy en día, el oriente ha sido la zona más marginada del Ecuador. Cuesta creer que un lugar con tantos recursos humanos y naturales, motor del crecimiento económico del país, pueda resultar tan ignorado. Fruto de trabajos puntuales entre organizaciones locales e instituciones públicas se llegaron a acuerdos y políticas que han ido regulando la estructura de la provincia y sus realidades. Aun así todavía queda mucho trabajo que hacer y la convivencia de todos los agentes locales requiere de una atención especial, por su complejidad y heterogeneidad.

 

Algunos de los textos legales referentes a los Derechos Humanos, a los Derechos de los Pueblos Indígenas y al tema en particular de estos grupos, para el caso que se nos presenta serían los siguientes:

 

- Declaración Universal de los Derechos Humanos (aprobada el 10 de diciembre de 1948)

 

- Convención Americana de los Derechos Humanos (aprobada el 22 de noviembre de 1969)

 

- Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (aprobado el 3 de enero de 1976)

 

- Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (aprobado el 23 de marzo de 1976)

 

- Convención americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) (aprobada 22 de noviembre de 1969)

 

- Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas (aprobada el 29 de junio de 2006)

 

- Constitución de la República del Ecuador (aprobada el 20 de octubre de 2008)

 

- Decreto Ejecutivo para la delimitación de la Zona Intangible Tagaeri-Taromenani (aprobado el 3 de enero de 2007)

 

- Ley de Tipificación de los Delitos de Genocidio y Etnocidio (aprobada el 9 de marzo de 2009)

 

- Plan de Medidas Cautelares para los Pueblos Tagaeri-Taromenani

 
 

Conflicto de territorios

 

La región donde ocurrieron los lamentables incidentes del pasado 10 de agosto es un lugar habitado por comunidades de campesinos colonos y comunidades Waoranis; así como un lugar cercano al lugar habitual en el que se encontraban los Pueblos en Aislamiento. Además de ellos, también conviven en la zona las Empresas petroleras, en particular la compañía Andes Petroleum, que lleva el trabajo en el bloque 17.

 

Hace años que las comunidades llevan reportando problemas en el sector referentes a la linderación de los terrenos, propiedad y derechos de unos y otros agentes, y posiciones en cuanto a la extracción de los recursos naturales. En los últimos meses los enfrentamientos se habían recrudecido y en alguna ocasión se había llegado al punto de emitir amenazas verbales.

 

Las discusiones entre comunidades colonas y waoranis vienen de tiempo atrás provocadas por el trabajo de las compañías petroleras, por discrepancias en cuanto al uso y disfrute del medio ambiente y el territorio en el que viven, y por el choque que puede suponer la convivencia de culturas diferentes. Además colonos y waoranis se disputan una franja de territorio de la que ambos grupos dicen ser legítimos propietarios.

 

En las últimas semanas los trabajos para la entrada del tendido eléctrico habían recrudecido las discrepancias y las amenazas habían subido de nivel hasta el punto de que desde ambos lados se hicieron manifestaciones sobre futuros posibles ataques. Existen documentos que acreditan tales agresiones así como reportes de ambos grupos que podrían ponerse al alcance de las autoridades.

 

No es nuestra intención señalar públicamente emitiendo nombres y datos concretos, eso les tocaría a las autoridades solicitarlo o investigarlo.

 
 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA

 

El pasado lunes 10 de agosto la Señora Sandra Yanette Zabala Castro y cinco de sus hijos caminaban por las proximidades del Pozo Hormiguero Sur cuando unos desconocidos les atacaron con lanzas y en el acto murieron la madre y el hijo mayor (Byron Duche de 17 años). La niña Damaris Duche, de 11 años de edad, sufrió la embestida de dos lanzas y horas más tarde perdía la vida en el quirófano del Hospital Militar del Coca. Estos datos fueron reportados por dos de los niños supervivientes que al estar algo distanciados del resto de la familia corrieron a resguardarse en la finca del Señor Quinteros. Ellos mismos reportaron que su hermana Damaris llevaba a Elkin Duche, su hermano de 6 meses, y que los desconocidos se lo habían llevado.

 

El incidente fue reportado por unos relacionadores comunitarios a la comunidad Waorani de Tobeta y por un promotor del Proyecto de Pueblos Ancestrales del Vicariato de Aguarico que casualmente se encontraba trabajando por la zona (además de que era familiar de las víctimas) al resto de comunidades y a algunas instituciones locales como el Comité de Derechos Humanos.

 

Ese mismo día varias personas de diferentes instituciones locales se acercaron a la zona e hicieron la primera recogida de información.

 

Al día siguiente se convocó a diferentes agentes a mantener una reunión en el Vicariato de Aguarico y entre todos nos repartimos el trabajo de acompañamiento a los familiares, recogida de más información, movilización para el rescate del niño, informar al resto de comuneros sobre los pasos que se estaban dando, trámites y gestión del funeral, mediación entre las comunidades… Esa misma mañana llegaron el personal del Ministerio del Ambiente  (MAE) y del Plan de Remediación Ambiental y Social (PRAS) y procedieron a reunirse con las comunidades Waorani.

 

Esa misma mañana el personal del Comité de Derechos Humanos de Orellana, personal del Vicariato y la alcaldesa del Coca, Señora Anita Rivas Parraga, estuvieron presentes en el velorio, acompañaron en el duelo a los familiares y trabajaron recabando información de los niños supervivientes. Los hijos de Marcos Duche hablaron de 10 jóvenes de pelo largo (3 de ellos mujeres) acompañados de un niño, no iban completamente desnudos ya que llevaban los genitales tapados con ropa interior negra, iban descalzos, no portaban ningún utensilio además de las lanzas, y gritaron en un idioma para ellos desconocido.

 

Por la tarde las autoridades del Ministerio del Ambiente organizaron una reunión en la cominudad waorani de Tobeta y a ella se incorporaron integrantes del equipo de Derechos Humanos, Vicariato y comunidades afectadas, así como Waoranis, ECORAE y el propio MAE. En esa reunión se tomó la resolución de esperar al día siguiente a realizar una entrada controlada por la zona.

 

A eso de las 7 de la tarde nos reunimos todas las instituciones implicadas en una reunión a puerta cerrada en el Municipio en la que el personal del MAE habló de los problemas que derivarían de realizar una búsqueda del niño desaparecido. Los representantes del Comité de Derechos Humanos dijeron que las comunidades necesitaban de muestras de apoyo y que los ánimos estaban suficientemente tensos como para negarles una búsqueda; que eso se podía hacer de una forma controlada con la ayuda de los Waorani ya que ya se habían prestado a ello.

 

A la mañana siguiente, otra vez en el lugar de los hechos, el MAE y el Fiscal prohibieron a las comunidades comenzar la búsqueda del niño y solamente porque se sintieron forzados siguieron a los dos equipos de comuneros en una entrada por la zona que al poco tiempo  y a unos 400 metros del lugar del ataque del día 10 de agosto  dio como resultado la recuperación de Elkin Duche, el bebé secuestrado.

 

Durante el resto de la semana se han sucedido reuniones con varias entidades. El Comité de Derechos Humanos ha estado presente en la mediación entre las comunidades, acompañando a unos y otros y brindando el apoyo del que requiriesen en cada momento. Se procedió a mantener una reunión con la Ministra del Ambiente tras unos penosos enfrentamientos en las puertas del Hotel Auca que no hicieron más que profundizar en la brecha que ya había surgido entre unos y otros actores, se constituyó el Comité Interinstitucional para la gestión de la crisis, etc.

 

Desde el día jueves 13 de agosto en el que se creó el Comité Interinstitucional no se ha vuelto a tener noticia alguna de los representantes del MAE. Quedamos pendientes de realizar una reunión el siguiente martes, 18 de agosto, pero todavía seguimos esperando. Ni las instituciones públicas, ni las organizaciones locales, ni la población han podido escuchar la respuesta a los comunicados de las comunidades, no han visto respondidas sus peticiones, no han sido contestadas sus peticiones… Todavía esperamos a que se ejecuten la mayoría de las 15 decisiones que se tomaron ese día.

 

Desde el Comité de Derechos Humanos hemos visto como tras esos primeros días de angustia por las muertes y por el caso del niño perdido, el reclamo de la gente ha ido por dos vías: en primer lugar tratando de obtener información sobre la identidad de los agresores, y en segundo lugar constatar que existe un problema en la zona con el tema de la linderación que ha generado, en este caso, una serie de desconfianzas, acusaciones y sospechas que a día de hoy se mantienen.

 
 

REFLEXIONES Y CONCLUSIONES

 

Algunas de las reflexiones que realizamos tras esta primera semana de trabajo son:

 

La labor de los representantes del MAE y del PRAS ha sido insuficiente. No dudamos de la bondad de sus intenciones pero desde el primer momento han mostrado carencias importantes en la gestión de la crisis. Mostraron desde el comienzo una posición de temor a cometer errores, a salirse de los planes y las normas marcadas y no supieron dar respuestas a las necesidades de cada momento y al transcurso de los acontecimientos. El respeto y la lucha por los derechos de los Pueblos en Aislamiento está bien; pero es insuficiente, es insuficiente no mostrar un apoyo más explícito a la familia afectada, es insuficiente no brindarles apoyo moral, psicológico, económico, político, etc. desde el primer momento; es insuficiente no haber realizado todavía una propuesta clara de trabajo, una propuesta socializada y pactada con las comunidades; es insuficiente la desconfianza expresada y mostrada hacia las instituciones locales que pueden conocer mejor la zona y a las personas implicadas en este grave episodio; y por supuesto que son insuficientes las medidas que tomaron para realizar la búsqueda del niño desaparecido.

 

La crisis ha estado mal gestionada desde el comienzo. Cualquier trabajo de mediación supone entregar cuotas de poder a los otros, buscar acciones controladas en las que cada agente pueda satisfacer parte de sus necesidades para poco a poco ir acercando posturas.

 

Nos extraña el silencio que ha rodeado todos estos días a la compañía que opera en la zona. Andes Petroleum no se ha manifestado en ningún momento, no tenemos informes provenientes de ellos, no han manifestado su apoyo a la familia de los fallecidos, no han reportado ningún dato que pudieran tener, no han atendido a las peticiones de paralización de los trabajos hasta tener más información… Consideramos que por su adscripción al Código de Conducta firmado por los Ministerios del Ambiente, de Patrimonio Natural y Cultural, y de Energía y Minas podrían incluso estar incurriendo en un delito por incumplimiento de dicho código.

 

No se ha trabajado de forma organizada. Desde el comienzo se sugirió realizar una labor de investigación que todavía no se ha producido. A día de hoy muchas personas mantienen teorías contrapuestas sobre la autoría de los hechos, existen dudas en muchos aspectos; y algunas de ellas se podrían haber aclarado si desde el comienzo se hubiera procedido de forma ordenada, colaborando entre distintas instituciones. La única institución que ha realizado una investigación concienzuda ha sido el equipo técnico del Proyecto Pueblos Ancestrales y la gente del Vicariato de Aguarico. Nos remitimos por ello a los informes que presentaron o presentarán en los próximos días.

 

Desde el Comité de Derechos Humanos entendemos y apoyamos el especial cuidado que hay que tener cuando tratamos temas de Pueblos en Aislamiento. Pero también nos preguntamos por los derechos de otras personas: ¿qué hay de los derechos de las comunidades colonas y waoranis?, ¿qué hay de los derechos que tiene la familia afectada por la muerte de tres de sus miembros?... La mala gestión que durante años lleva haciéndose sobre la zona ha podido ser uno de los múltiples motivos por el que este incidente haya ocurrido. Los pueblos Tagaeri-Taromenani son aislados pero con la indiferencia determinadas comunidades de colonos y waoranis también pueden estar aisladas en la práctica.

 

La resolución del problema preexistente en la zona ha sido una demanda de ambos grupos desde el primer día. Desde el Comité consideramos que una gestión rápida y coordinada podría ayudar a superar el estado de ánimo que ahora ronda entorno a la gente y podría avanzar en la reparación de esta crisis.

 

Desde el Comité no queremos señalar culpables, solamente pedimos que se investigue bien el caso. En el caso de que la autoría fuera de los Pueblos en Aislamiento creemos que desde el MAE tienen que valorar un posible cambio de reglas. Hasta ahora la mayoría de las agresiones habían ocurrido tras la entrada de agentes externos a la zona en la que ellos viven. Este caso sería diferente y sería la muestra que las delimitaciones de Zonas Intangibles o de Amortiguamiento no son válidas. La matanza ha ocurrido a escasos 10 kilómetros de la Vía Auca, en una zona donde opera la compañía Andes Petroleum y habitado por varias comunidades campesinas. El posible desplazamiento de estos grupos nos hace pensar en que el incumplimiento de las normas de protección durante muchos años ha ido acorralando a estas personas hasta obligarles a salir. Consideramos que estos movimientos deben tenerse en cuenta para posibles futuras acciones. Remitimos de nuevo al personal del Vicariato y al equipo técnico del Proyecto Pueblos Ancestrales ya que ellos son quienes más saben del tema.

 
 

PROPUESTAS PARA TRABAJO FUTURO

 

Desde el Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos de Orellana no queremos quedarnos en la crítica o en la descripción de los hechos, sino avanzar en propuestas para el trabajo inmediato y futuro:

 

En cuanto a la familia afectada proponemos:

 

Oferta de ayuda psicológica a toda la familia; especialmente al Señor Marco Duche y a sus hijos.

 

Restitución de todos los gastos generados durante estos días: gastos médicos, levantamiento de cadáveres, funeral, alimentación, movilización…

 

Valoración de otro tipo de medidas a futuro: indemnizaciones, oferta de empleo, atención sanitaria, etc.

 

Multa, castigo o llamada de atención a la prensa que difamó y malinformó en los días del suceso; como muestra de respeto hacia con las víctimas y sus familiares.

 

En cuanto al problema entre comunidades:

 

Presencia policial permanente en la zona para la seguridad de todos los habitantes.

 

Paralización de todos los trabajos de la compañía Andes Petroleum en el Pozo Hormiguero Sur en cumplimiento del Código de Conducta y atendiendo a sus artículos 2, 3, 4, 6 y 8.

 

Resolución sobre el conflicto de linderación atendiendo a las exigencias de ambas partes.

 

Diálogo y mediación en los problemas entre comunidades.

 

En cuanto al tema de los Pueblos en Aislamiento:

 

Investigación exhaustiva sobre el caso: informes de situación de los habitantes de las comunidades aledañas, investigación sobre problemáticas previas, información referente a la compañía y a posibles avistamientos en fechas anteriores al suceso, etc.

 

Socialización de dicha información.

 

Explicación pública del contenido del Plan de Medidas Cautelares para los pueblos Tagaeri-Taromenani. No entendemos cómo puede haber un plan aprobado y que todavía no se haya hecho público, ni se haya socializado con las personas e instituciones interesadas.

 

Implantación de un Sistema de Monitoreo en la zona.

 

Creación de un Código de Conducta en las comunidades así como de un Comité de Veeduría en el que se impliquen las comunidades y las instituciones locales para el avistamiento de futuras señales.

 

Realización de una campaña de sensibilización y educación sobre la zona coordinada con agentes locales.

 

Organización de una red informativa o de un protocolo de actuación cuando se reciban reportes de presencia de Tagaeri-Taromenani: enlaces interinstitucionales, vías de comunicación, foros de debate…

 

Implantación de unas directrices sobre los flujos de información que debe haber en estos casos: ruedas de prensa, notas de prensa, discernimiento de información oficial de lo inventado…

 

Dar respuesta a la convivencia de diferentes agentes en la zona.

 

Exigimos a su vez que se cumplan los compromisos contraídos en las diferentes reuniones y que se relance el diálogo entre instituciones centrales y locales. Además, quisiéramos pedir un mayor apoyo de la ciudadanía ecuatoriana y de otras instituciones de Derechos Humanos. A lo largo de estas semanas han sido escasas o nulas las muestras de interés recibidas o realizadas públicamente. Desde el comité nos preguntamos: ¿dónde están los defensores de la amazonía?, ¿dónde están los caminantes que defienden la vida?, ¿A dónde se fueron todas esas instituciones que dicen defender los Derechos Humanos?...

 
 

En la ciudad Francisco de Orellana – Coca, a 25 de agosto de 2009,

 

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