VIDA RELIGIOSA
Congreso de la CER Manabí

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¿Qué nos dice y qué decimos?... sobre la corrupción

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Solidaridad con las Misioneras Combonianas

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Fraternidad Misionera Verbum Dei

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Reunión de presidentes/as regionales

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LITURGIA
Vivir perdonando (17 septimbre 2017)

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Está entre nosotros (10 septiembre 2017)

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Aprender a perder (3 septiembre 2017)

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Mujer, ¡qué grande es tu fe! (20 agosto 2017)

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En medio de la crisis (13 agosto 2017)

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GENERALES
Cuestionario para el Sínodo de jóvenes

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6º Boletín de prensa de Caritas Ecuador

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Divulguemos la Encíclica Laudato Si

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Cambio climático: 12 claves de la cumbre de París

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Jornadas nacionales de Pastoral Social

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NOTICER
Encuentro de AFICER 2017

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Psicodrama aplicado a situaciones de crisis y recuperación emocional

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Solidaridad con Perú

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Taller sobre Trata de personas

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Encuentros y celebraciones (2 febrero 2017)

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AVISOS
Invitación a Retiro con el P. Luke Rodrigues sobre ecología

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Anudando (Espacio de Formación Integral de las Mujeres)

Talleres del Centro Bíblico Verbo Divino

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Las siete palabras de Cristo en la cruz

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Seminario sobre logoterapia en el tratamiento de adicciones

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ECLESIAL
Abrirse a la posibilidad de perdonar

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Ordenación episcopal  de Mons. Adalberto Jiménez

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Responder a los refugiados y migrantes

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Obispos del Ecuador ante la realidad del país

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Mons. Adalberto Jiménez, obispo de Aguarico

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ELECCIONES: UN ESPACIO PARA LA DEMOCRACIA

DECLARACION DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ECUATORIANA

Con ocasión de las próximas elecciones, los Obispos del Ecuador nos dirigimos a todos los católicos ecuatorianos, hombres y mujeres, y a las personas de buena voluntad.

Como pastores tenemos el derecho y deber de iluminar las realidades sociales, políticas y económicas desde el Evangelio y la Doctrina social de la Iglesia, proclamando los valores del Reino de Dios: la vida, la libertad, la justicia, la solidaridad y la paz (cf. Concilio Vaticano II, Constitución pastoral Gaudium et spes 1).

1. Autonomía de la política y responsabilidad de la Iglesia

En el campo de la política, constatamos ciertas apreciaciones inexactas. Para algunos, los Obispos deberíamos apoyar acríticamente a todo Gobierno; para otros, mantener una ciega oposición; y, para unos cuantos, abstenernos totalmente de cualquier intervención. Las tres son visiones parciales e inexactas.

Como pastores de la Iglesia Católica, reconocemos y respetamos la legítima autonomía del orden político. No nos corresponde expresar preferencias políticas, pero sí valorar programas políticos por sus implicaciones y consecuencias éticas y religiosas. En efecto, “es de justicia que pueda la Iglesia en todo momento y en todas partes predicar la fe con auténtica libertad, enseñar su doctrina social, ejercer su misión entre los hombres sin traba alguna y dar su juicio moral, incluso sobre materias referentes al orden político, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas, utilizando todos y solo aquellos medios que sean conformes al Evangelio y al bien de todos según la diversidad de tiempos y de situaciones” (Concilio Vaticano II, Constitución pastoral Gaudium et spes 76).

Libertad religiosa. El Ecuador, Estado laico, en su Constitución, en el Art. 66, 8, reconoce y protege “el derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual y colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los derechos”. Esto nos permite vivir, de una manera pacífica y respetuosa, entre personas creyentes y no creyentes, evitando todo fanatismo, tanto religioso como antirreligioso.

Colaboración de la Iglesia. Tanto la comunidad política como la Iglesia, sin perder su autonomía, están al servicio del bien común y de la vocación personal y social de cada hombre y mujer. Por este motivo, es conveniente una colaboración entre ambas en temas sociales comunes, como la educación, la salud, la asistencia a personas vulnerables, el cuidado del medio ambiente y otros (cf. Concilio Vaticano II, Constitución pastoral Gaudium et spes 40 y Documento de Aparecida 406).

2. Misión de los Laicos

Los cristianos no seríamos fieles al Evangelio si nos desentendiéramos del mundo donde vivimos. La fe, precisamente porque es un acto de la libertad, exige también la responsabilidad social de lo que se cree. La fe en Cristo, de este modo, no es un hecho privado, sino que “implica un testimonio y un compromiso público” (Carta Apostólica Porta fidei, 10).

Accionar político. Los laicos católicos, pertenecientes o no a partidos y movimientos políticos diversos, tienen la obligación moral de discernir si el pensamiento que los inspira y sus propuestas son compatibles con la fe y la moral de la vida cristiana. Por esta razón, han de valorar si sus propuestas son coherentes o no con los principios morales arraigados en la misma naturaleza humana y presentes en todas sus dimensiones personales y sociales.

El cristiano, por lo tanto, no debe adherirse, sin contradecirse a sí mismo, a sistemas ideológicos que se opongan a la fe que profesa. Es importante recordar que ningún sistema social o político agota la riqueza del Evangelio y que, por lo mismo, nadie puede reclamar su opción política como la única conforme a la enseñanza social de la Iglesia.

Derechos humanos. Los derechos humanos se fundamentan en la dignidad de la persona en todas sus dimensiones, con lo cual esta dignidad se constituye en el fin último de toda acción social, política, económica y religiosa. El Estado es posterior a la persona y no le corresponde conceder derechos, sino reconocer, promover y garantizar el ejercicio personal y asociado de los derechos civiles.

La Doctrina Social de la Iglesia, desde esta perspectiva, está comprometida con el respeto a los derechos de la persona humana, comenzando por el fundamental derecho a la vida desde su concepción hasta su fin natural, rechazando frontalmente el aborto.

Es decisiva la vigencia real de los derechos de los padres de familia para educar a sus hijos conforme a sus convicciones, como reconoce la Constitución, dentro de un régimen de auténtica igualdad de oportunidades (cf. Art. 29).

Democracia. En una sociedad democrática, es el pueblo el que delega el poder a sus gobernantes para que sirva a sus necesidades, y de ningún modo para ser atemorizado o sustituido por sus órganos de poder. No se trata de un pueblo como una multitud amorfa a la que se manipula o instrumentaliza, sino como un conjunto de personas que tienen su propia visión sobre la “cosa pública” y que están dispuestas a defender sus derechos y a cumplir sus deberes.

La democracia exige un marco jurídico, la estricta división e independencia de las tres funciones del poder, a saber, la función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial. Son funciones que deben ser ejercidas con su propia autonomía y respeto mutuo, en la búsqueda del bien común del país y no de intereses personalistas, institucionales o partidistas. También exige la posibilidad real para que la libertad de todos sea efectivamente respetada y garantizada, como la libertad de expresión al servicio de una opinión pública, crítica, activa y responsable, con una inquebrantable pasión por la verdad.

Elecciones. La confrontación democrática en una lid electoral exige sumo respeto a todas las personas, centrándose más en el debate de proyectos que en descalificaciones personales. No se trata de entrar en una lucha ciega y cerrada de unos contra otros, sino de presentar a los ciudadanos las opciones políticas y los programas de gobierno para que ellos puedan elegir libremente (cf. Concilio Vaticano II, Constitución pastoralGaudium et spes 75).

El ejercicio del voto es un medio importante para asegurar la auténtica democracia. El ciudadano, al ejercer este derecho y deber, está llamado a no favorecer opciones políticas y legislativas contrarias a los valores fundamentales y a los principios éticos. No olvidemos que el voto debe ser responsable, universal, directo y obligatorio. Nos alegramos de la participación de nuestros jóvenes.

3. Compromiso

Asumimos el Mensaje final del XIII Sínodo de los Obispos sobre la Nueva Evangelización que pide: “un compromiso de cuidado desinteresado y transparente por el bien común, desde el respeto total a la dignidad de la persona humana desde su concepción hasta su fin natural, de la familia fundada sobre el matrimonio de un hombre y una mujer, de la libertad educativa, en la promoción de la libertad religiosa, en la eliminación de las injusticias, las desigualdades, las discriminaciones, la violencia, el racismo, el hambre y la guerra. A los políticos cristianos que viven el precepto de la caridad se les pide un testimonio claro y transparente en el ejercicio de sus responsabilidades” (nº 10).

Que el Señor nos ilumine para actuar en conciencia, y conforme a las exigencias del amor: vida, solidaridad, justicia, paz y libertad.

 

Quito, 3 de enero de 2012

 

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