Por un diálogo transparente como el agua

 

Bosco Wizuma, shuar, profesor bilingüe en su natal Morona Santiago y hermano de todas las luchas dadas en nuestro país, falleció el 30 de septiembre a causa de las políticas que siguen amenazando las fuentes de agua.

 

Su muerte se dio cuando la Asamblea Nacional se proponía aprobar la Ley de Recursos Hídricos mediante un procedimiento que privilegiaba el proyecto presentado por el ejecutivo, por sobre el preparado por la CONAIE y otros sectores sociales. De la misma manera como lo hiciera hace 14 años el gobierno de Sixto Durán Ballén, el mismo que, con inaudita agilidad, cambió leyes e instituciones con el fin de insertar al agua y la tierra en la lógica de mercado; esto con apoyo decisivo de consultores vinculados a la USAID.

 

Hoy, antiguas y nuevas amenazas se ciernen sobre la Yaku Mama, la Madre Agua, a pesar de los avances logrados en la nueva Constitución. En ésta se establece que el agua es un derecho humano fundamental, prohíbe su privatización, y dicta una prelación que coloca el consumo humano y doméstico, la producción para la soberanía alimentaria y el cuidado de la naturaleza por encima de otras actividades productivas como la minería, las hidroeléctricas, la agroindustria. Además, a través de varios artículos y disposiciones transitorias, se dan garantías para erradicar el acaparamiento y para restaurar los ecosistemas asociados al ciclo hidrológico, como indican los Derechos de la Naturaleza. También el Mandato Minero prohíbe en forma expresa que las operaciones mineras no deben afectar las fuentes de agua ni las cabeceras de ríos.

 

Las sociedades y los pueblos pueden ser caracterizados a partir de su relación con el agua. O la contaminan, destruyen los caminos que debe recorrer el ciclo hidrológico, y la mercantilizan; o la cuidan a través de reconocerla viva en las vertientes y los ríos, los páramos, los bosques, en la agriCultura, en la ritualidad, en la posibilidad de futuro de la humanidad.

 

Los sectores económicamente poderosos miran en el agua su utilidad para lograr más productividad, y rentabilidad, por ello se han asegurado el control de cuanta agua han requerido. Algunos ejemplos nos lo demuestran, recogidos en el informe El despojo del agua (2008), del Foro de RRHH.

 

En Imbabura, los hacendados de Salinas, Urcuquí y San Blas captan en promedio el 91% del caudal del riego. En Azuay, el 77% del caudal del río Rircay está en manos del 8% de las concesiones otorgadas sobre el mismo. Las haciendas bananeras de Reybanpac recibieron en conjunto autorizaciones por 6.375 litros/segundo que representan el 37% del caudal total de agua dado por el CNRH al sector bananero del país en el año 2005. Las plantaciones de piña, papaya y mango en la Costa, y de flores en la Sierra, obtienen cantidades importantes de agua de captaciones directas de ríos y pozos, muchas de ellas ilegales. Por su parte, el sector cañicultor orientado a la producción de azúcar, controlado en un 92% por el grupo Isaías (hoy en manos de la AGD), Gonzáles Portes e Isabel Noboa, tienen más de 75.000 hectáreas bajo riego en la cuenca baja del Guayas.

 

No sólo esto. Los sistemas de agua potable y saneamiento de varias ciudades y poblaciones (Guayaquil, Machala y Samborondón) fueron privatizadas. Por otro lado, el agua, convertido en “servicio ambiental”, cayó víctima de los negocios impulsados por el capitalismo verde, y bajo este mecanismo se ofertan también los páramos y bosques. Todo esto está en la mira cuando se propone aprobar una nueva ley de aguas.

 

No hay un verdadero proceso de transformación si no hay cambios de igual magnitud en el tratamiento al agua. Si nos preguntáramos, ¿cómo responde a esta expectativa la propuesta del ejecutivo? Debemos decir que no pasa la prueba. Porque no contiene medidas claramente desprivatizadoras o que acaben con el acaparamiento, prioriza el otorgamiento del agua a megaproyectos mineros e hidroeléctricos, auspicia la venta de servicios ambientales, limita la participación social en la definición de las políticas relacionadas con el agua, y desconoce el carácter plurinacional del estado. Además no respeta los derechos consagrados en la Constitución.

 

El levantamiento indígena permitió abrir un espacio de diálogo para darle a nuestro país una “ley de aguas” que confirme que desde nuestro país se tejen ideas ejemplares para el resto del mundo, como son por ejemplo el derecho humano al agua, o los Derechos de la Naturaleza. Esperamos que los diálogos sean sin máscaras y transparentes como el agua.

 

 

 

Opina Acción Ecológica

 

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