LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA CONTINUA

Zona de Intag, martes 27 de julio 2010

 

 

Según un primer informe, comuneros de la comunidad de Barcelona, Parroquia Selva Alegre, Provincia de Imbabura, efectivos de la policía desalojaron esta mañana a decenas de moradores que mantenían cerrado el acceso a la mina de mármol de la empresa Cevallos Calixto (CECAL Inc. Ltda.) desde hace aproximadamente 3 meses. Los moradores tomaron la medida en protesta por afectaciones a fuentes de agua, contaminación atmosférica, y perturbación del libre tránsito en vías públicas, entre otras razones. De los primeros e incompletos informes que nos han llegado sobre el desalojo, también hay reportes- no confirmados- de la existencia de órdenes de arresto en contra del dirigente Polibio Pérez y el Señor Edgar Erazo, presidente de dicha comunidad. Hasta las 11AM no se reportaron heridos. No se sabe si la orden de desalojo fue producto de un proceso de desalojo ordenado por el Ministro de Recursos no Renovables, Wilson Pastor (oficio 831 DM 115-VM-2010-108527, del 25 de junio) como producto de una solicitud de Amparo Administrativo solicitada por los empresarios de Cecal.

Cabe señalar que según un informe técnico realizados por delegados del Ministerio del Ambiente el 11 de junio del año en curso, se detectó explotaciones anti-técnicas de la caliza, como aís irregularidades en el manejo de recursos e insumos externos (combustibles), al igual que en el almacenamiento de explosivos. Según informes y oficios del Ministerio del Ambiente, aparentemente la empresa estuvo operando sin la debida licencia ambiental desde el inicio de operaciones, en 1982, hasta por lo menos el 2002. A pesar de las irregularidades e ilegalidades detectadas, y en vez de clausurar la mina y sancionar debidamente a los empresarios por violaciones a la Ley, y a los funcionarios públicos por no aplicar las leyes del país, el gobierno ha optado por defender los derechos corporativos, desalojando a comuneros que defienden su derecho a un ambiente sano y libre de contaminación, y más bien optó por atropellar el derecho Constitucional a la resistencia. Este desalojo se suma al violento desalojo llevado a cabo hace un mes en el Cantón de Naves, Provincia de Bolívar en contra de comuneros que protestaban la presencia de la empresa minera Curimining, dejando en claro los intereses y derechos que el régimen opta por defender.

A pesar de las flagrantes irregularidades e ilegalidades detectadas en la mina Cecal, el 28 de junio el Ministerio del Ambiente le dio 30 días a la empresa para entregar un plan emergente al Ministerio del Ambiente para para solucionar los problemas detectados en el informe técnico. No se mencionó la posibilidad de sancionar a la empresa por operar sin los debidos y legítimos permisos por casi dos décadas, ni por los daños ambientales causados. Cabe, finalmente señalar que en los últimos años la empresa Cecal le ha entregado Términos de Referencias y un Estudio de Impacto Ambiental a diferentes autoridades- algunos de los cuales han sido aprobados por las autoridades (2002), a pesar de que los comuneros de Barcelona insisten que jamás se ha llevado a cabo la Consulta Previa, tal como demanda la Constitución vigente, como así la del 1998.

 

 

DECOIN

Defensa y Conservación Ecológica de Intag

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