INSUMOS PARA EL ANÁLISIS DE LA  PROPUESTA

 

DE LA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA

 

El ejercicio práctico de la libertad de enseñanza proclamada teóricamente en nuestra Constitución es imposible si ésta no es conveniente y justamente financiada.

La tesis del Foro sobre el tema puede resumirse en dos asertos:

ü  Sin financiación, la libertad de enseñanza es inviable;

ü  Sin financiación la libertad de elección de centro queda restringida a unos pocos y deja de ser un derecho de todos los ecuatorianos.

En esta ocasión, presentamos la reflexión, convencidos de que el tema de la financiación de la enseñanza es una condición indispensable para la defensa de un sistema educativo de Calidad que respete y potencie el ejercicio de las libertades de los ciudadanos bajo dos aspectos:

Libertad para elegir el tipo de educación y, por ello, la elección de centro en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos, y;

Calidad educativa para todos en condiciones adecuadas a las exigencias y posibilidades de cada situación.

La práctica demuestra que la falta de una financiación adecuada provoca la desigualdad de oportunidades en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.

Por ello, abrir un debate social sobre las condiciones y exigencias de la financiación de la Enseñanza no deja de ser una aportación a la toma de decisiones respecto a los sistemas de financiación: destinatarios, metodología de trabajo, criterios de justicia, igualdad de oportunidades, etc.

 

FINALIDAD DE NUESTRA REFLEXIÓN

Como es natural, nuestra aportación trata de moverse en las coordenadas propias de nuestro grupo: calidad y libertad.

Por ello, proponemos como objetivos de nuestro trabajo

  fomentar la libertad en el ejercicio del derecho a la elección del tipo de educación y, por lo tanto, de los centros por parte de las familias de los alumnos;

  potenciar la calidad del sistema educativo en su conjunto, como beneficio indiscutible de la sociedad española;

  aportar nuestra voz al debate social, que desde intereses muy diversos, demanda una financiación suficiente y respetuosa hacia los derechos de los alumnos y de sus familias;

  defender la necesidad de unos criterios económicos de la financiación de la enseñanza que permita hacer viable, no sólo la escolarización de los alumnos en la enseñanza obligatoria, sino la educación de todo el alumnado;

  promover el debate social sobre las desigualdades que provocan unos criterios de financiación tan dispares como los que se vienen aplicando en las distintas Comunidades Autónomas de nuestro país.

Para ello la CEE y la CONFEDEC, como en otras ocasiones, enmarca su reflexión dentro de algunos principios que demandan:

  La exigencia de programar la distribución y la gestión de los recursos económicos desde el respeto a los derechos de los ciudadanos;

  La posibilidad de promover una educación integral de las personas que se armonice con las situaciones de pluralismo e interculturalidad de nuestra sociedad;

  El ejercicio efectivo, y en igualdad de oportunidades, del derecho a la libertad de elección del modelo educativo por parte de las familias de los alumnos;

  un pacto que acepte la normalización del ejercicio de este derecho de acuerdo con los principios de libertad y de equidad, de honda repercusión en la construcción de una sociedad con sentido de futuro.

No queda fuera de lugar, la situación específica de una sociedad en la que los distintos grupos sociales esperan que sus derechos se vean respetados en la nueva Ley de Educación que replantea, en cierta medida, las condiciones y exigencias del Sistema Educativo.

 

“DERECHOS, LIBERTAD Y FINANCIACIÓN DE LA ENSEÑANZA”

A partir de esos principios entendemos la financiación de la enseñanza como:

    una obligación del Estado que tiene el deber de garantizar el ejercicio concreto de la libertad de educación, facilitando la elección de centro por parte de las familias y el respeto de la identidad y de la autonomía de los centros;

    Un apoyo eficaz a la identidad y la calidad de la enseñanza ofrecida por los centros a partir de modelos educativos diferenciados que favorezcan la capacidad de elección de las familias;

    un instrumento necesario que posibilita el ejercicio del derecho constitucional de creación y dirección de centros con un “carácter propio”; un recurso que debe tender progresivamente a extender al máximo los niveles académicos en todos los centros sostenidos con fondos públicos;

    un instrumento de defensa de la prioridad del principio de Complementariedad sobre el de Subsidiariedad entre las distintas ofertas educativas;

    La posibilidad de establecer líneas de acción con criterios de equidad y la aplicación de programas de “inclusión” en el sistema educativo de los alumnos con desventaja;

    una respuesta a la necesidad de financiar, con criterios de “inversión” y no de “gasto”, referido, no tanto a la actividad de la escuela o del centro educativo, sino el derecho del ciudadano a desarrollar e incrementar su “conocimiento” y su educación integral.

 

LA EDUCACIÓN, UN DERECHO DE LA PERSONA

El avance de la civilización y de las culturas ha ido convirtiendo la educación, en épocas pasadas y no muy lejanas, de ser un privilegio de algunos, a convertirse en objetivo y condición indispensable para la construcción de la convivencia de las personas y de los pueblos y en un derecho reconocido de todas y por todas las personas. No en vano, la educación se reconoce como fuente indispensable de dignidad de las personas en todas sus dimensiones: personal, cultural, científica, económica, política, religiosa, etc.

La interrelación de los derechos humanos es más que evidente en los procesos educativos.

El pleno desarrollo de la personalidad, la construcción del conocimiento, habilidades, destrezas y valores que permitan a los individuos conocer, respetar y fomentar el ejercicio de los derechos por parte de todos los ciudadanos, está en el fondo de cualquier proceso educativo.

En la medida que cada persona mejore los niveles de su educación integral la sociedad se verá forzosamente beneficiada en su conjunto. Por ello es posible considerar que la educación se convierte en la garantía del ejercicio de los demás derechos individuales y sociales.

Desde ahí, no resulta difícil entender que financiar la enseñanza no es sino invertir en la generación de oportunidades y el ejercicio de derechos de todas las personas en una humanidad que necesita crecer en sus niveles:

      de democracia, en la que la participación de todos y el respeto mutuo, sean fuente de bienestar para cada uno de sus miembros;

      de solidaridad y de apertura a compartir los bienes particulares con los más necesitados, en pro de una sociedad que promueve el ejercicio del respeto de los derechos de cada persona y de cada grupo;

      de justicia, basada, no sólo en los criterios legales, a menudo condicionados por otras opciones políticas o económicas, sino también en una ética personal y social que promueve y respeta los derechos humanos y las conciencias de las personas;

      de promoción y respeto de las libertades, como fundamento de las relaciones interpersonales y de la construcción de una sociedad mejor;

      de una equidad basada en la responsabilidad moral de ayudar a los demás a crecer desde sus propias capacidades y condicionamientos de una manera diferenciada;

      de desarrollo material y social del conjunto del país.

Sólo una educación de calidad y respetuosa con los derechos de los ciudadanos, puede ayudar a estructurar el conjunto de un sistema educativo, en el que la programación general de la enseñanza y la configuración de los centros escolares garanticen al máximo, y a todos los ciudadanos, su crecimiento integral y el ejercicio de estos derechos y de estas libertades.

 

DEMANDAS, OFERTAS Y EXIGENCIAS DE LA EDUCACIÓN.

Al iniciar una reflexión conjunta sobre la relación entre la Libertad de enseñanza y las exigencias y los modelos de su financiación, conviene realizar una primera aproximación a la realidad educativa que servirá de referencia para nuestro trabajo.

  Existe una demanda de educación y de enseñanza basada fundamentalmente en la calidad, y, por otra, del hecho de que una sociedad cada vez más abierta y sometida a las nuevas tecnologías y a una competitividad creciente de ámbito mundial, nos impone alcanzar una calidad educativa y formativa que nos permita salir adelante con éxito.

  Existe una oferta plural y diversificada de enseñanza en la que se integran la educación prestada por las escuelas públicas, y la que ofrece un amplio conjunto de escuelas de iniciativa privada, de las cuales un número considerable son fiscomisionales.

     En general, se puede afirmar que la práctica totalidad de estos centros cuenta con una manifiesta voluntad de servicio y una historia que avala la calidad de su trabajo.

     Es más, el propio pluralismo en la oferta de los centros públicos y privados garantiza una oferta educativa, que da respuesta a la diversidad de una demanda social evidente en una sociedad cada vez más pluralista.

  La existencia de diferentes ofertas educativas es una de las claves de la calidad de la oferta educativa. Es claro que el pluralismo y el reconocimiento de la complementariedad entre las diferentes ofertas facilita, por una parte, el ejercicio del derecho de elección por parte de las familias y, por otra, la colaboración de todos en la prestación del servicio de la educación con una manifiesta apertura a todos y sin discriminación de ninguna clase. Esto exige el respeto mutuo de la naturaleza jurídica y de la identidad de cada una de ellas.

  Los modelos y sistemas de financiación de la enseñanza emplean diferentes sistemas y metodologías: régimen de financiación total, ayuda parcial, o de pago total por parte de las familias.

  Un reparto equitativo de las cargas soportadas y de los servicios recibidos por los ciudadanos, exige la disponibilidad de fondos suficientes para atender al ejercicio de los derechos ciudadanos, uno de los cuales es la respuesta a la demanda de libertad de elección de una enseñanza de calidad para las jóvenes generaciones.

  La situación actual y el futuro que tenemos por delante exige de todas las fuerzas sociales los apoyos necesarios para estructurar una enseñanza que dé satisfacción en niveles de identidad y calidad adecuados a:

— las expectativas de las familias,

— las expectativas de la sociedad,

— las expectativas de las entidades y de las personas que encuentran en la educación un horizonte de sentido.

 

HABLEMOS DE FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN.

Desde hace bastante tiempo va creciendo una mentalidad que sitúa la educación de los ciudadanos, en función de parámetros económicos (costos, ayudas, subvenciones…) académicos (éxito/fracaso escolar, conocimientos adquiridos…) o sociales (buena educación adquirida, cambios de relación entre las fuerzas sociales, estructuras de investigación y desarrollo, etc.).

Pero no podemos tratar la educación sólo como una herramienta. Esta visión utilitarista hay que armonizarla con el derecho a la educación.

Otro elemento será la necesidad de dar un paso adelante en la consideración de la educación no como “costo” sino como “inversión”, en virtud de un enfoque del desarrollo que va pasando progresivamente de la idea del “desarrollo económico” al “desarrollo humano”, definido como desarrollo integral de las personas y de la sociedad.

Esta perspectiva nos permite poner de manifiesto el “valor” que tiene la educación, también, desde un punto de vista específicamente presupuestario y financiero, considerándola como una inversión en futuro y justificar el porcentaje alto que el gasto en educación debe tener en los Presupuestos Generales del Estado.

Desde ese enfoque, queda claro que la educación no necesariamente será siempre deficitaria o que sus recursos deben ser limitados o colocados en segundo plano.

La solución ideal es invertir en la educación para facilitar, no solamente el desarrollo económico, sino también, y sobre todo, para construir los valores y el conocimiento dirigidos al desarrollo de la dignidad humana y de una ciudadanía proactiva que confía en los derechos del individuo.

FINANCIAR LA LIBERTAD DE EDUCACIÓN

Financiar la educación es financiar algo importante en sí, pero no suficiente.

La financiación adquiere una nueva dimensión cualitativa cuando se busca una educación que se convierta en un espacio libre para el ejercicio y el estudio de todos los derechos humanos, responsabilidades y capacidades.

La importancia de esa financiación va mas allá cuando se concreta como financiación de una educación que supera el concepto de una educación laica o “neutra”, igual para todos, que, más allá de la utopía, sólo contribuye al empobrecimiento de las personas y al mantenimiento de las desigualdades.

 

ESCOLARIZACIÓN – LIBERTAD DE ELECCIÓN

Cuando en Ecuador pretendemos asegurar que el 100% de sus ciudadanos tendrán acceso a la escolaridad obligatoria,  ¿Hay espacio para que se puedan plantear interrogantes al modelo de acceso que se propugna?:

    ¿Ese acceso se corresponde siempre con el acceso a una educación “integral” de la persona?

    ¿Existe el respeto suficiente hacia modelos diferentes de “educación integral”?

    ¿Se respeta el derecho de las familias a elegir un “modelo educativo” “en igualdad de condiciones”?

Y es que, una cosa es la libertad de educación y otra, muy diferente una educación accesible a todos. Y nosotros planteamos la financiación desde esa doble clave.

Nosotros planteamos la financiación de la primera aunque, a menudo, la otra goce de un mayor nivel de apoyo social y de respeto, casi siempre interesados políticamente.

Desde nuestro punto de vista, el respeto y el fomento de los derechos de los ciudadanos exigen que la Administración Pública, aun en el caso hipotético de que fuera capaz de atender por su cuenta todas las demandas “reales” de los ciudadanos, respete y proteja la libertad de elección.

Esto, exige de la Administración, dejar de lado un afán de monopolio o quasi-monopolio estatalista y fomentar la igualdad real de oportunidades para que las familias puedan elegir en condiciones de verdadera igualdad entre modelos educativos diferentes.

Esto supone, además, optar por modelos y sistemas de financiación que permitan:

  El fomento y respeto del ejercicio de unos derechos y deberes ciudadanos,

  El mejor aprovechamiento y rentabilidad de unos recursos, siempre limitados,

  La aplicación de criterios de solidaridad, equidad y atención preferencial a los más desfavorecidos,

  La libertad de elección del modelo educativo por parte de las familias,

  La calidad, entendida como respuesta a las necesidades de los destinatarios, y

  El respeto de la identidad, del carácter propio y de la autonomía de los centros, siempre, teniendo en cuenta que los recursos financieros no son, por sí mismos, la panacea del éxito en el ámbito de la educación.

En el fondo se trata de

• “gastar – invertir bien”, como signo de calidad,

• “analizar y evaluar” los resultados de esa financiación,

• “evaluar y controlar” la calidad educativa y proponer mejoras, y

• “favorecer la financiación” de todo ello en una oferta plural.

 

TEMAS PARA EL DEBATE

A pesar de que el fundamento de la financiación de la enseñanza fiscomisional, radica en el derecho de las familias a la elección de una educación para sus hijos, en conformidad con su mentalidad o sus intereses, desde la Administración Pública se presenta a los centros fiscomisionales como destinatarios directos de unos fondos públicos.

Nada más lejos de la verdad. La financiación pública de la enseñanza, en realidad, está financiando a las familias con unos fondos cuya finalidad es la de cubrir los gastos generados por unas enseñanzas que garantizan el libre ejercicio del derecho de todos a la educación.

De hecho y sin entrar en demasiados detalles, como se verá más adelante, se puede afirmar, con razón, que la financiación de la enseñanza fiscomisional siempre ha sido y sigue siendo insuficiente.

En este marco de referencia

• Se provoca, con frecuencia, un enfrentamiento ficticio Enseñanza Pública – Enseñanza Particular - Enseñanza Fiscomisional, que no existe entre los ciudadanos y que suele relacionarse con la idea de que — la existencia y la financiación de los alumnos de centros privados con fondos públicos, desde una idea sostenida de que esos dineros sirven para financiar a los centros y no a los ciudadanos que reciben un servicio de los centros, resta posibilidades a los centros públicos, la identidad y el proyecto educativo de los centros, son elementos relativos, — el estatus social de los destinatarios determina una elección que apoya, a quienes tienen unos medios económicos.

• Una y otra vez rebrota una tentación evidente para todos los sistemas políticos:

      una Administración que quiere sentirse “dueña” de la Educación”, lo que no hace extraño que muchos nos preguntemos si, en el fondo, no existe una tendencia a “uniformizar” una sociedad cada vez más pluralista.

• En esta misma línea, resulta frecuente el uso de una falacia relacionada con la limitación de los recursos, desde la que se afirma que “los dineros que se entregan a la enseñanza privada son algo que se le quita a la enseñanza pública”.

Como se ha repetido ya varias veces, el dinero no tiene como finalidad el sostenimiento de los centros de iniciativa privada, sino el ejercicio del derecho a la libre elección de centros. Por ello deberán ser las familias quienes, en el ejercicio libre de su derecho a la educación, establezcan, en función del ejercicio de su derecho a la elección de centro para sus hijos, cuáles son los criterios de reparto y el destino de los fondos de educación entre los ciudadanos.

• Un dato más. Las desigualdades de trato y de planteamiento entre la “Enseñanza Pública – Enseñanza Particular” son  verdaderamente llamativas y se manifiestan en:

— los conceptos financiados,

— los baremos de financiación que se aplican,

— Las ratios profesor – aula contempladas,

— la financiación de la formación continua del profesorado,

Falta un control y unos criterios de evaluación sobre la gestión y la eficacia de las inversiones económicas en los centros educativos, tanto en los de iniciativa pública como en los de iniciativa social, aún teniendo en cuenta siempre las características específicas que condicionan sus resultados: ubicación del centro, población a la que atienden o nivel cultural del entorno.

• Aparecen, cada vez con más intensidad, e incluso desde instancias del Gobierno o próximas al mismo, grupos o ideologías que tratarían de condicionar la financiación del derecho a la libertad de educación, sometiendo la financiación de lo fiscomisional al cumplimiento de determinadas condiciones “impuestas” que, incluso, afectan a la propia identidad específica de los centros.

 

La financiación como condición necesaria pero no suficiente para la mejora de la calidad

La financiación ha sido, casi siempre, el talón de Aquiles de las distintas reformas educativas. Cualquier propuesta de mejora en la educación debe contar con la adecuada financiación que posibilite la consecución de los objetivos marcados. La falta de recursos no sólo impide alcanzar las metas previstas sino que también provoca, en la práctica, una segunda reforma silenciosa o en la sombra, alejada de los objetivos originales, motivada por la necesidad de adaptarse a la realidad.

Muchos de los problemas detectados en las sucesivas y solapadas reformas educativas obedecen a la falta de los recursos necesarios para su correcta implantación, aunque, sin duda, también puede haber contribuido una deficiente optimización de los recursos asignados al conjunto del Sistema educativo.

Somos conscientes de que no todas las cuestiones que aquejan al sistema se solucionan con dinero, pero es notorio que la financiación de la enseñanza –muy particularmente de la fiscomisional– sigue siendo una cuestión de importancia capital a la hora de afrontar cualquier reforma educativa.

 

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